Lunes 7 de noviembre/ EL TIRO RAPIDO

Una nota aparecida en la leidísima segunda pàgina de El Nacional de Ahora en su edición de ayer domingo, nos trae un breve pero dramàtico relato  de lo ocurrido en la comunidad de Villa Mella, donde un joven ladròn fue linchado por un grupo de enardecidos vecinos.  El hecho ya de por sì preocupante como lo es todo acto de ajusticiamiento colectivo por propia mano, adquiere perfiles escalofriantes por la forma en que se produjo.
 
Según la nota del popular diario, después haber ultimado a golpes a la vìctima, èsta fue colgada de un poste del tendido eléctrico.  Sus genitales y otras partes del cuerpo fueron quemados y le arrancaron las tiras de la piel.  Es decir, todo un ceremonial de autèntico sadismo que en ningún caso està justificado y que denota niveles muy preocupantes de crueldad en quienes cometieron esa acciòn, mucho màs censurable que el delito que estaban castigando.
 
Sabemos y esto lo hemos señalado en mùltiples oportunidades, que los niveles de delincuencia sin precedentes a que hemos llegado en el paìs mantienen a la población en estado de permanente zozobra e irritación.  Y que este estado de cosas constituye uno de los màs inmediatos, apremiantes, exigentes retos que tienen ante sì las presentes autoridades.
 
Garantizar la vida, la seguridad, la convivencia pacìfica, los bienes de los ciudadanos constituye una obligación esencial y primaria de todo Estado organizado.  Hoy por hoy, la gran mayoría de quienes habitamos este pedazo de isla llamado Repùblica Dominicana tenemos la percepción de que las autoridades no muestran estar en capacidad de ofrecer esa garantía.  La sociedad se siente indefensa y desprotegida, librada a sus propias fuerzas y recursos para preservar su existencia. 
 
Los crímenes màs horrendos ocupan casi a diario las portadas de la prensa escrita y alimentan las noticias principales de la radio y la televisión.  El auge del narcotráfico, los asesinatos por encargo, los cuerpos que aparecen sin vida con señales evidentes de haber sido torturados y ejecutados, los asaltos a instituciones bancarias, casas de cambio, centros de apuestas y todo tipo de negocios donde se mueve el dinero,  los atracos en plena vìa pùblica y  dentro de las residencias donde muchas veces sus ocupantes terminan siendo  vìctimas fatales de malhechores armados de pistolas y cuchillos convertidos en asesinos, los robos de vehículos, celulares, bolsos,  en fin, todas las màs variadas formas de delito han ido adquiriendo cada vez proporciones màs alarmantes.
 
De ahì que sea creciente la motivación de la gente a defenderse por sì misma.  Y tambièn que cuando tienen la oportunidad,  desahoguen su rabia y frustración en delincuentes que puedan caer en sus manos hasta llegar los màs exaltados en su afàn de desquite, a los extremos màs  aberrantes.
 
Ya son varios los casos que han estado ocurriendo en los últimos meses, donde paradójicamente algunos maleantes han podido salvar la vida gracias a la oportuna intervenciòn de la Policìa en tanto otros no han tenido tanta suerte.  Pero ninguno de los varios casos de linchamiento han presentado las características macabras de sadismo  del que comentamos.
 
La sociedad tiene pleno derecho a reclamar de las autoridades el garantizar a sus miembros niveles adecuados de seguridad y tambièn  de los tribunales aplicar la debida sanción para los malhechores.  Ni una cosa ni otra està ocurriendo al presente, al menos en la medida deseable.  Con màs razòn la gente se siente  en la necesidad y hasta la obligación de adoptar una postura militante en defensa de su legìtimo derecho a convivir sin sobresaltos ni temores, pero esto sòlo es permisible como colaborador y coadyuvante de las autoridades y nunca en sustitución de èstas.
 
Mucho menos para llegar al extremo de aplicar ejecuciones sumarias con agravantes y aberrantes niveles de crueldad que desdicen de nuestra condición de pueblo civilizado, y que solo pueden conducirnos por el camino de la total anarquia, que a la corta o a la larga,  resulta mucho peor que el mal que se quiere controlar y sancionar.

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Martes 8 de noviembre/ EL TIRO RAPIDO

La prensa del dìa recoge declaraciones del Presidente de la Suprema Corte de Justicia señalando que ese alto tribunal deberà pronunciarse sobre el controvertido tema de la nacionalidad, definiendo si el principio del jus soli, o derecho de la tierra, alcanza a nacidos en suelo dominicano pero que son hijos de extranjeros indocumentados.   El tema ha sido hasta ahora,  objeto de fuertes debates e irreconciliables debates donde intervienen los màs diversos aspectos.
 
Razones humanitarias, el principio de que una acciòn ilegal no puede generar derechos legales, interpretaciones de la Constitución en un sentido o en otro, elementos religiosos, razones culturales, enunciados de Derecho Internacional y razones de soberanìa y de Estado entre otros, han sido argumentos enarbolados por los defensores de una y otra posición.
 
Básicamente la controversia surge en torno a la inmigración haitiana, indocumentada en su inmensa mayorìa como lo prueba el hecho de que no llega a cinco mil la cantidad de nacionales del territorio vecino que aparecen registrados en la Dirección General de Migración.   Los demàs, al menos desde una estricta óptica técnica y jurídica, estàn en condición de ilegales.
 
Recientemente se diò a la luz pùblica un anteproyecto de Reglamento para viabilizar la aplicación de la Ley de Migración que data del año 2004.  La misma persigue regularizar el status legal de los haitianos indocumentados residentes en el paìs en base a permisos de residencia temporal en unos casos y definitiva en otros, cuya concesión estarìa sujeta a apreciaciòn de determinados requisitos por parte de las autoridades nacionales.   Se han dejado sentir voces objetando la propuesta entendiendo que no corresponde al Estado legalizar a los ilegales.  Pero el obstáculo principal desde el punto de vista pràctico pudiera consistir en la realizaciòn del censo que ello requerirìa,  y que en el caso de los haitianos representa un masa posiblemente muy superior al millòn de personas,  en general poco inclinadas a registrarse ante las autoridades..
 
De todos modos, al margen de intenciones y objeciones, como señalamos en su momento, el Reglamento deja huérfano el espacio màs significativo de controversia.  Esto es: ¿Deben ser inscriptos como dominicanos los hijos de ilegales haitianos que nazcan en el paìs, o por el contrario, la condición de indocumentados de sus progenitores los invalida para adquirir esa condición? 
 
El tema pudiera seguir debatiéndose hasta el infinito sin llegar a parte, en tanto el problema de la inmigración ilegal haitiana sobre todo sigue complicándose cada vez màs gracias a esta indefinición que nuestros sucesivos gobiernos, por timidez, temor o las razones que fuesen,  no se han atrevido a despejar convirtiéndose de hecho en corresponsables de la situación que hoy confrontamos.
 
Tocarà pues a la Suprema Corte tomar el toro por los cuernos, hacer ejercicio de soberanìa  y al margen de presiones y emociones, adoptar un fallo que despeje dudas y siente jurisprudencia sobre esta cuestión donde concurren consecuencias de carácter humano, econòmico, social y político.  Esto asì, , hasta tanto en cuanto se produzca una reforma constitucional ajustada tanto a principios morales como a los mejores intereses del Estado Dominicano que no deje margen a interpretaciones ni controversias.
 
Esperemos pues por la decisión del máximo tribunal de Justicia y rechacemos con vigor cualquier intento de impresionar y presionar en un sentido o en otro.  Menos aùn, amenazando con acudir a los organismos internacionales para lograr una opinión favorable a su causa, como si en este paìs no existiesen instituciones y  en un tema de tanta trascendencia como es la nacionalidad,  tuviésemos que someternos a dictados y yugos foráneos.  Que ya con el Fondo Monetario tenemos màs que suficiente intervención para que tambièn nos digan de fuera a quièn debemos otorgarle la condición de dominicano.
 

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Miércoles 9 de noviembre/ EL TIRO RAPIDO

El matutino El Dìa, que conjuntamente con el Diario Libre llega a los lectores en forma gratuita, destaca en su ediciò de ayer, , como noticia principal, declaraciones atribuidas al Presidente Leonel Fernández en Colombia, afirmando que la delincuencia es consecuencia del narcotráfico.
 
Si nos ajustamos a dicha versión al ciento porciento tendrìamos que convenir que al mandatario se le habrìa ido la mano al suscribir una declaración que es solo parcialmente verdadera.    Siendo el Ejecutivo sin embargo, persona bien informada e ilustrada sobre la problemática nacional en la que figuran como asuntos de la màs alta prioridad la seguridad ciudadana y el tema de las  drogas, luce màs   prudente pensar  en la posibilidad de que el referido titular de portada de El Dìa, no reflejase con la debida amplitud sus palabras.
 
Pero independientemente de cualquier especulación en este sentido, dos hechos resultan incuestionables.
 
El primero de ellos es que el incremento de la delincuencia en nuestro paìs presenta raíces diversas y complejas que apuntan de manera coincidente y se retroalimentan  en la misma dirección..  Marginalidad, pobreza, descomposición familiar, carencia de autènticos valores, modelos torcidos de imitación y conducta, el efecto demostración de la impunidad de muchos ante el crimen, la corrupciòn y el propio narco, el descrédito en que se encuentran sumidos la partidocracia y buena parte del liderazgo político,  la falta de fuentes de trabajo y reales oportunidades de crecer dentro del marco de una vida digna, son factores que, entre otros, no pueden ser ignorados al momento de enfocar esta temática.  Esto asì, sobre todo, si se refiere a nuestra juventud.  Y esto tiene que saberlo sobradamente el Presidente Fernández.
 
El otro, que apunta el mandatario y en que le asiste razòn, es algo que ya hemos señalado en otras oportunidades en este medio,  y es el hecho probado de que el auge del narcotráfico y la drogadicción traen aparejados un aumento significativo en los índices de delincuencia.  No se trata de un señalamiento temerario ni de un argumento tomado caprichosamente al vuelo para salir del paso frente a una realidad que se viene palpando y padeciendo de manera progresiva de unos años a esta parte y es la estrecha relación entre el auge del narcotráfico y el incremento de la delincuencia.  
 
Mediciones llevadas a cabo en otros paìses, incluyendo los propios Estados Unidos, y confirmadas luego en la pràctica demuestran sin margen a dudas que donde mayores son los índices de comercio y consumo de estupefacientes, se elevan  en un altísimo porciento los de delitos, casi siempre los de naturaleza màs grave,  que guardan relación muy estrecha con aquellos.
 
Esta estrecha relación  resulta tambièn de aplicación en nuestro caso.  Bastarìa repasar el pasado màs reciente  para comprobar que de unos años a esta parte que Repùblica Dominicana se ha convertido en corredor para el tràfico internacional de estupefacientes lo que a su vez ha hecho crecer en proporción alarmante la presencia y el consumo de narcóticos en todos los niveles sociales, barrios y comunidades del paìs. Por extensión y asociación,  ha aumentado el nùmero de malhechores, se ha incrementado de manera significativa la cantidad de delitos y parejamente la gravedad de èstos, en particular los cometidos con violencia.  De hecho, han ido perdiendo toda novedad algunos que eran prácticamente desconocidos o tan infrecuentes en nuestro medio que provocaban asombro, una reacción que se hemos ido perdiendo debido a la frecuencia con que se cometen al presente.
 
Ajustes de cuentas, asesinatos por encargo, los llamados tumbes, secuestros donde se reclama como rescate el monto de deudas por estupefacientes,  empleo de ejecutores profesionales traídos del extranjero, guerras entre pandillas cada vez mejor artilladas, jóvenes y agresivas, barrios enteros en manos del narco, drogas en sitios de recreación, escuelas y hasta las propias càrceles crímenes horrendos aùn en el propio entorno familiar a fin de obtener recursos para satisfacer un vicio costoso y tantos otros que encuentran sus raíces ancladas en el sucio y tenebroso submundo de las drogas.
 
Sobre el tema hemos alertado una y otra vez.  Y complace que el Presidente, cual haya sido el real alcance de sus afirmaciones en este sentido, dè notación de estar consciente de la realidad y gravedad del problema.  Ello sobre todo, si su preocupación se traduce en acciones concretas de su gobierno  para fortalecer las políticas de prevención y de control a travès de las organizaciones y organismos correspondientes, tanto como de campañas efectivas para lograr que el pleno ciudadano cobre conciencia cabal de la gravedad del problema y adopte una actitud de cooperación militante frente al mismo.
 
Porque insistimos una vez màs:  si no acabamos de reaccionar y accionar en la misma medida que requiere esta cada vez màs preocupante situaciòn, pudiéramos ver el suelo nacional convertido en un verdadero narco-territorio antes de demasiado tiempo, con todas sus  instancias pùblicas y privadas penetradas, sobornadas, comprometidas y corrompidas por el narcotráfico.  Un peligroso camino hacia el derriscadero por el cual llevamos andando hace mucho tiempo y donde estamos ya tan avanzados que pudiéramos encontrarnos en cualquier momento al borde del precipicio.

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Jueves 10 de noviembre/ EL TIRO RAPIDO

Ayer el equipo económico del gobierno y una comisión de alto nivel de la dirigencia perredeìsta, encabezada por su presidente, el ingeniero Ramón Albuquerque, se reunieron para tratar de armonizar criterios en relación con el proyecto de reajuste fiscal enviado por el Poder Ejecutivo, semanas atràs, paraconocimiento, discusiòn y aprobación de las Càmaras Legislativas.
 
Si bien en este primer encuentro promovido por el propio gobierno no se pudo arribar a ningún acuerdo, cabe resaltar la importancia de haber tendido un puente de comunicación con el principal partido de la oposición, que posee un dominio avasallador, casi absoluto del Senado de la Repùblica y una presencia muy fuerte en la Camara de Diputados, que son los dos filtros por los cuales tendrà que pasar el proyecto para poder convertirse en ley.
 
Ilusorio pensar que las diferencias  sobre un tema tan debatido y complejo, con una alta carga de incidencia social y política, iban a quedar superadas en el curso de una sesiòn de apenas tres horas.    Esto asì, cuando ya desde antes inclusive de ser enviado el proyecto a la Càmara de Diputados donde reposa al presente en manos de la Comisión de Finanzas de dicho cuerpo, al PRD al igual que el Reformismo adelantaron su negativa a aprobar nuevos impuestos y de manera especìfica la extensión del ITBIS a unos doscientos productos que al presente estàn exentos del mismo, entre los que figuran los básicos que componen la canasta familiar.
 
Seguramente èste ha sido el punto màs controversial del proyecto.  Aceptar que se elimine la ampliación del ITBIS representa un hoyo de varios miles de millones de pesos para el gobierno urgido de  cubrir el faltante de ingresos que estima perderà como consecuencia de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica.  Este déficit ha sido estimado por el equipo económico oficial en unos treinta y dos mil millones.
 
Es un punto sin embargo en que de seguro la oposición, y muy especialmente el PRD, no ofrecerà ninguna alternativa de negociaciòn.  Esto asì, debido a su obvio y elevado costo político por el alegado incremento que representarìa la extensión del ITBIS al todavìa muy sobrecargado costo de la vida para los sectores medios y bajos de la población, ya a muy pocos meses de la contienda electoral para elegir senadores, diputados, síndicos y regidores.  Unos comicios de naturaleza despojada de los factores emocionales que inciden en las elecciones presidenciales, y  en los que el partido blanco tratarà de conservar una cuota mayoritaria de poder, aùn cediendo parte del mismo a una al parecer cada vez màs próxima alianza con la cùpula reformista.
 
En este sentido hay que reconocer que la estrategia comunicacional oposicionista ha resultado màs convincente al sostener el perjuicio que para el presupuesto familiar representarìa la aplicación del ITBIS a renglones hoy eximidos de ese tributo, frente a una mucho menos efectiva y de màs complicada implementaciòn del gobierno de que el desmonte arancelario y de la comisión cambiaria no sòlo anularìa los efectos de aquèl, sino que inclusive pudiera hacer llegar los productos a los consumidores a precios màs económicos a los que està pagando al presente.
 
Al parecer el gobierno ha asimilado esta realidad y dado  notación de que està en disposición de ceder en este punto, aunque haciendo insistencia en que sea sustituido por otras fuentes alternas que le permitan compensar los recursos que dejarìa de percibir en sustitución de un ITBIS ampliado.  Es la tarea a la que tendrán que abocarse de conjunto gobierno y oposición,  para llegar a un entendido razonable ante la inminencia por un lado de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio y las exigencias por el otro, del Fondo Monetario Internacional.
 

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Viernes 11 de noviembre/ EL TIRO RAPIDO

El ex Presidente peruano Alberto Fujimori, enrejado por la Justicia Chilena, espera el momento en que se resuelva el conflicto legal y político sobre su nacionalidad entre el paìs que gobernò por varios años y lo pide ahora en extradición y Japón, que se opone a ello reclamándolo como hijo original suyo. De ser enviado a Perù, màs que incierta su suerte parecerìa sellada de antemano por fallos condenatorios en los tribunales dados como seguros, por corrupciòn y otros delitos graves, por algunos de los cuales ya ha sido juzgado y severamente sancionado Vladimiro Montesinos, quien fuera su mano derecha y hombre todo poderoso de su régimen.
 
El nombre de Fujimori se une asì al de otros ex mandatarios latinoamericanos que o estàn bajo arresto domiciliario, o en el exilio, o disfrutando de una libertad precaria, o al menos han quedado sometidos a la ignominia de la vindicta ciudadana de sus respectivos pueblos, bajo el peso de una severa condena moral.
 
Tales los casos del chileno Augusto Pinochet, el ecuatoriano Lucio Gutiérrez, el argentino Carlos Menem, el nicaragüense Arnoldo Alemán, los costarricenses Miguel Angel Rodríguez y Rafael Augusto Calderón, el brasileño Fernando Collor de Melo.  Otros nombres enriquecen la lista de ex mandatarios que cubren casi toda la geografía continental llevados a la Justicia, proscriptos o sometidos a vergonzosos procesos públicos: Abdalà Bucaram, aquel payaso increíblemente elevado a la presidencia de su paìs donde se convirtió en hazmerreír internacional; Gustavo Noboa y el venezolano Carlos Andrés Pérez, exiliados durante algún tiempo en Repùblica Dominicana; el mexicano Carlos Salinas de Gortari y el aprista Alan Garcìa, entre otros.
 
Hay quienes lecturan estos procesos, aùn bajo presunción de inocencia, como un motivo de vergüenza para nuestro Continente.  Clara evidencia de que nuestros hombres públicos aùn en los màs altos niveles del poder, son proclives a la corrupciòn, los malos manejos de los fondos públicos y el uso del poder para cometer todo gènero de excesos y trapacerìas.  Una especie de confirmación de que las malas pràcticas y los manejos dolosos de los gobiernos latinoamericanos, con contadas excepciones, que son la causa principal de nuestros quebrantos, de la pobreza que abate a tantos, la enfermedad, el analfabetismo y el atraso en que andamos sumidos por interminables décadas que ya van sumando centurias.
 
Ciertamente ha sido asì.  Pero lo que pudo ser verdad absoluta en el pasado, es solo una media verdad al presente.  Porque la otra mitad es que el sometimiento de todos ellos a los tribunales de justicia en unos casos y de la opinión pùblica en otros, està enviando una señal nítida de que las cosas pudieran estar comenzando a cambiar de este lado del Rìo Grande.
 
Que a despecho de presiones, complicidades, entramado de intereses y perniciosas influencias la parte sana de nuestras sociedades, que sigue siendo la mayorìa,  frustradas en sus aspiraciones, asqueadas de tantas acciones dolosas sin castigo estàn dando los primeros pasos en el camino de tratar de poner tèrmino a la impunidad de que disfrutaron en el pasado los malandrines que usaron el poder para servirse y no para servir para enriquecerse y no para hacer progresas a sus pueblos.
 
Es una buena señal reveladora de que la corrupciòn en nosotros no es genética. Que la historiade dolo y barbarie que hemos ido acumulando en muchas etapas de nuestra trayectoria posterior a la independencia,  no la llevamos en la sangre como herencia maldita..  Ni somos portadores de un viciado ADN que nos condene a vivir de por vida como pueblos de segunda y tercera.  Que estamos atravesando en fin, por los mismos dolorosos procesos de adultez y depuración por los que han debido pasar las naciones que hoy son lìderes del mundo y que, con tan frecuencia olvidan su propio pasado, para juzgar nuestro presente.
 
Corrupciòn la hay en todas partes, en mayor o menor medida, aùn en las sociedades que hoy se nos presentan como màs civilizadas y mejor organizadas.  La diferencia reside en la impunidad que al parecer existe la firme decisión de que deje de ser una constante entre nosotros de tal modo que la justicia empiece a correr pareja, la honradez deje de ser artìculo de lujo y la deshonestidad y la rapiña no escapen indemnes a la espada sancionadora de la Ley.  De que en fin,  estemos asistiendo ahora mismo a un momento estelar en el  devenir històrico de algunos de nuestros pueblos en que ya haya comenzando a manifestarse la firme decisión de reclamar su derecho a ser gobernados con limpieza, eficiencia y vocación de servicio.

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