Lunes 1 de noviembre/ EL TIRO RAPIDO

A nadie debiera asombrar la revelación del Presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante Ivàn Peña Castillo, de que fue descubierto un plan para asesinar al ex coronel Lidio Arturo Nin Terrero, quien guarda prisión desde hace meses como presunto implicado en el sonado expediente de narcotráfico que involucra como cabecilla al ex capitán y multimillonario empresario Quirino Paulino.
 
Desde su apresamiento se entendió que la participaciòn de Nin Terrero debìa trascender con mucho el de su un tanto inocua posición como jefe militar de la càrcel de Azua.  El complot para darle muerte contribuye a confirmar esta percepción, ya que de ser un peòn menor no tendría ningún sentido tratar de acallarlo apelando al procedimiento expeditivo del asesinato.
 
Basta disponer de un mínimo de conocimiento sobre la forma en que operan los carteles de la droga para estar conscientes de que,  a los capos que los dirigen,  no se les aprieta el pecho para ordenar la ejecución de quien pudiera suministrar información a las autoridades que puedan poner en riesgo su seguridad personal o la estabilidad de sus ilícitos negocios.  Ni siquiera los hace vacilar el hecho de que la potencial vìctima pueda tratarse de un familiar cercano o un estrecho y fiel colaborador de muchos años.
 
En el caso especìfico de Nin Terrero, quien està a la espera de decisión sobre su extradición a los Estados Unidos para ser incluido en el juicio federal contra Quirino, llaman la atención sin embargo dos hechos significativos.
 
En primer tèrmino, que al cabo de tantos meses de encierro es de creer màs que suponer que en todo ese tiempo ha debido sufrir innumerables y prolongados interrogatorios, tanto por parte de agentes especializados de la Dirección Nacional de Control de Drogas y de la misma DEA norteamericano como de las autoridades fiscales.  Y cabe dudar por consiguiente que en esas exhaustivas sesiones, no haya vaciado toda la posible información que pudiera poseer sobre la red mafiosa a la que se le vincula, que hasta donde alcance su conocimiento haya facilitados nombres, detalles, pistas, revelado complicidades.
 
Y si es asì, y sobran razones para ello, vale especular si el complot para acabar con su vida tiene como finalidad impedir que pueda ofrecer nuevas informaciones aùn no reveladas a las autoridades, o  evitar que las reitere posteriormente en el tribunal federal que conoce el caso Quirino a cambio de un arreglo fiscal,o simplemente penalizarlo en forma sumaria por los detalles que haya podido ofrecer a sus interrogadores.
 
El otro aspecto llamativo, que no deja de despertar lógicas suspicacias, es que existiendo esa trama criminal y estando en conocimiento de las autoridades, el ex coronel Nin Terrero haya sido paseando por la ciudad camino a la sala penal de la Suprema Corte que decidirà sobre su extradición, en la cama de un camìòn abierto, sin ninguna medida excepcional de seguridad y ni tan siquiera proveerlo del clásico chaleco antibalas y el casco protector que se utiliza en estos casos.
 
El Presidente de Control de Drogas ha informado que los sicarios encargados de ejecutar al ex coronel son un mexicano ya extraditado a los Estados Unidos y un dominicano preso en Najayo, a la espera tambièn de extradición.  ¿Pero la detención de ambos esbirros permite suponer que ya Nin Terrero està fuera de peligro?  Es de dudar.
 
Lo cierto es que si existe un contrato par darle muerte porque haya hablado o para evitar que siga hablando, el apresamiento de los dos asesinos originales no detendrà el intento.  Simplemente serà cuestión de contratar nuevos ejecutores para lo cual el narco internacional dispone de recursos económicos màs que sobrados y tambièn suficientes manos criminales para llevar a cabo esa misión.
 
La conclusión lógica por consiguiente es demandar de las autoridades que tomen todas las previsiones de lugar para preservar la vida de Nin Terrero, tanto porque tal es su sagrado y elemental deber como por la notoriedad del caso y las implicaciones derivadas de su posible ejecución. 
 
Proteger la vida del ex coronel por tanto. debe entenderse como una prioridad de los organismos de inteligencia, incluyendo Control de Drogas, de cuya jurisdicción saliò Nin Terrero por un fallo judicial que dispuso su traslado a Najayo pero que  no impide sin embargo, como atinadamente sugirió el colega Julián Cabrera hoy en la mañana en el Matutino de Rumba,  que esa Dirección a la que atañe directamente su caso, tome la iniciativa de reforzar las medidasde sobreprotección que requiere cada vez que tenga que ser trasladado.
 
Recuèrdese el viejo refrán de que “guerra avisada, no mata soldado”.  Y en este caso, el aviso es tan  evidente que no deja lugar a excusa frente al menor descuido.

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Martes 2 de noviembre/ EL TIRO RAPIDO

El Procurador General de la Repùblica ha externado preocupación por el auge de las bandas juveniles, cada vez màs numerosas, cada vez màs agresivas y cada vez integradas por jóvenes de menor edad, casi niños.  El doctor Francisco Domínguez Brito expresa que su inquietud es mayor por el hecho de que estas pandillas juveniles-infantiles estàn manejadas por los carteles de la droga que han convertido el territorio nacional en corredor propicio para el tràfico internacional de estupefacientes, en particular hacia los Estados Unidos, que conforman el màs atractivo mercado de consumidores con una cifra de adictos que se estima no inferior a entre quince y veinte millones, y en menor pero creciente medida hacia Europa.  Coincidiendo con las manifestaciones del doctor Domínguez Brito se informa que las autoridades antidrogas estàn igualmente preocupadas por la presencia de esos mismos carteles en la región del Cibao.
 
De mucho antes se dà el caso de que al igual que ocurre con la ciudad capital, Santiago de los Caballeros por el nùmero de sus habitantes y su pujante economía se ha convertido tambièn en blanco del narcotráfico.   Este ha ido por otra parte, extendiendo sus tentáculos hacia otras ciudades de la región que por su elevada productividad agrícola y ganadera puede considerarse como el granero del paìs.
 
No se trata solo en este caso del volumen de droga que es transportada y enviada hacia el exterior, utilizando los màs diversos e inimaginables medios.  De esto ùltimo bastarìa mencionar como ejemplo el gran cargamento de cocaína ocupado ayer por agentes de la Dirección Nacional de Drogas el cual iba a ser embarcado hacia el mercado norteamericano  disimulado dentro un furgón conteniendo diez mil pantalones elaborados en una empresa de zona franca la cual ha sido exonerada de posible complicidad en el hecho.
 
El caso es que en la misma medida en que se intensifica el tràfico de estupefacientes, crecen tambièn por un lado el consumo local y la consiguiente cantidad de vendedores y adictos, y por el otro los delitos asociados a esa actividad criminal, desde los màs comunes hasta los de mayor gravedad, como son los secuestros y los asesinatos por contrata en los llamados ajustes de cuentas.
 
Esto ùltimo no es un fenómeno que se dè aquì solamente.  Mediciones llevadas a cabo en otros paìses de alto consumo, como los propios Estados Unidos, establecen un significativo aumento de la criminalidad asociado al tràfico de drogas prohibidas.  A mayor consumo, mucho mayores tambièn los índices de delincuencia.  Tal està ocurriendo tambièn aquì.
 
Lo de Santiago y el Cibao por otra parte, no es noticia nueva.  Desde hace tiempo la ciudad corazón ha venido siendo escenario de un aumento del tràfico y consumo de drogas y parejamente de la criminalidad asociada a esa actividad o estimulada por ella.  Es conveniente recordar en este sentido, que data de muchos meses atràs que el doctor Domínguez Brito, nativo de la urbe santiaguense denunciò que una buena parte de los delitos que se estaban registrando de manera creciente en la misma, incluyendo los de sangre, estaban vinculados a la venta y consumo de estupefacientes.
 
Debe entenderse pues su actual preocupación como una evidencia de que la situación en vez de resultar controlada, por el contrario se ha agravado.  Y esto acentúa el reto que tienen las autoridades para hacer frente a esta situación, ya bastante extendida, antes de que continùe prosperando y termine por arroparnos a todos para lo cual serà necesario que aúnen esfuerzos trabajando en coordinación tanto la Dirección Nacional de Control de Drogas como la Policía Nacional y restantes organismos de inteligencia y de orden pùblico al igual que las fuerzas armadas.
 
Porque insistimos, hay que actuar a tiempo  para evitar que terminemos convirtièndonos de un narco-territorio como somos casi al presente en un narco-estado adonde pudiéramos llegar si no procedemos con la indispensable previsión y energía para lo cual serà necesario que el pleno social se incorpore de manera militante a esta cruzada antes de que resulte demasiado tarde.

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Miércoles 3 de agosto/ EL TIRO RAPIDO

Ayer fue tema de nuestro comentario declaraciones del Director General de Aduanas anunciando que con los mecanismos y recursos con que cuenta ahora ese organismo, ir`tràs los pasos de los que calificò de “pejes gordos” del contrabando.  En esa entrevista concedida al matutino El Caribe, el señor Miguel Cocco se quejò de que la lenidad que muestran los tribunales de justicia frente a los expedientes de contrabando que le son sometidos por esa dependencia no obstante estar debidamente instrumentados y sus implicados aparecer convictos y confesos.
 
El alto funcionario aduanal fue muy especìfico al revelar que de un total de 39 casos puestos en manos de la Justicia, solamente en uno de ellos se produjo un fallo condenatorio.  El mismo consistiò en una irrisoria penalidad de dos meses de càrcel. El señor Cocco advirtió que con esa actitud, la Justicia se estaba convirtiendo en una retranca para los esfuerzos moralizantes encaminados en su gestión para tratar de controlar y sancionar los intentos de evasión arancelaria.
 
Y hoy precisamente, apenas a veinticuatro horas de haber aparecido esas declaraciones y de producido nuestro comentario, sale en la prensa del dìa un comunicado de la propia Dirección General de Aduanas denunciando actuaciones que califican como sospechosamente irregulares, de una jueza de La Vega y un representante del Ministerio Pùblico en un caso de decomiso multimillonario de medicamentos.
 
Según este comunicado, luego de un operativo de dos semanas llevado a cabo de en forma coordinada con oficiales del J-2 del Ejèrcito Nacional e inspectores de Salud Pùblica fueron incautados medicamentos con un valor estimado de 80 millones de pesos que fueron introducidos al paìs de contrabando.  El operativo de inteligencia y captura de las mercancías abarcò las ciudades de Moca, La Vega, Higuey y la capital.  Como elementos especialmente agravantes, se destaca que dichos fármacos carecen de registro sanitario, requisito indispensable para su comercializaciòn.  Otros estàn vencidos y parte del alijo corresponde a medicamentos falsificados.
 
La denuncia del organismo aduanal detalla todo un rosario de irregularidades en que habrìa incurrido la magistrada de La Vega que, en un fallo a prima fase totalmente increíble y absolutamente sospechoso, dispuso la devolución pura y simple de los medicamentos ocupados a la Farmacia Central, de esa propia ciudad, una de las implicadas en esas operaciones ilícitas.  Suma mayor preocupación a la sentencia, el hecho de que el propio representante del Ministerio Pùblico rindiese un dictamen favoreciendo la devolución de las mercancías incautadas.
 
Si nos atenemos al texto del comunicado que comentamos tenemos que convenir que en este caso existen màs que sobrados indicios de que este expediente ha sido manejado en la justicia de manera a todas luces irresponsable y posiblemente dolosa.  Y por consiguiente, que tanto la Suprema Corte como la Procuraduría General de la Repùblica estàn en la obligación de investigar de manera muy exhaustiva el tratamiento dado a este expediente, en que màs que el voluminoso monto del contrabando cuentan la naturaleza y condiciones de la mercancía ocupada.  Recuérdese que no se trata de neveras, televisores, automóviles o bebidas extranjeras sino de medicamentos sin registro sanitario, algunos vencidos y otros falsificados.
 
¿ Se va a permitir y a dejar impune no ya que tan solo se  haya querido burlar el cumplimiento de la obligación aduanal, lo que ya de por sì es un delito grave, como que esos medicamentos puedan ser comercializados?
 
Es de esperar que no.  Y que junto a la necesaria depuración a nivel fiscal y judicial de este insólito fallo, no se permita bajo ninguna circunstancia que ello ocurra tomando en cuenta que esos medicamentos de contrabando, vencidos y falsificados pueden poner en riesgo la salud y hasta la vida de los consumidores ni que escapen sin la debida penalidad los responsables de esta acciones que presentan  tantas aristas ilegales y sancionables.

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Jueves 4 de noviembre/ EL TIRO RAPIDO

El Director General de Aduanas, Miguel Cocco, en entrevista concedida al matutino El Caribe hizo pronunciamientos muy categóricos en relación con el contrabando que merecieron ocupar el principal titular de portada de èse muy mejorado medio de prensa.  El señor Cocco declarò que està cansado de atrapar a intermediarios y que ahora, gracias a disponer de mecanismos y procedimientos màs eficientes, su despacho està tràs la pista de los que califica de “pejes gordos” de la evasión arancelaria.
 
Por otra parte, el funcionario aduanal externò quejas muy fuertes contra los tribunales de justicia a los que reprocha estar representando el cuestionable papel de retranca a los esfuerzos que vienen desplegándose bajo su gestión para combatir y sancionar el contrabando que constituye un delito tan grave como otro cualquiera de orden fiscal.  En este sentido, Cocco revelò que de un total de nada menos que treinta y nueve casos que ha sometidos a la Justicia, involucrando elementos convictos y confesos, tan solo uno, el que según propias palabras considera “el màs infeliz” ha sido condenado a una pena por demàs irrisoria, de apenas dos meses de càrcel.
 
Tradicionalmente las aduanas han sido muy vulnerables a la introducción de mercancías de todo tipo sin pagar impuestos o en base a una declaración de valor muy inferior al real, y por consiguiente, con una liquidación igualmente inferior a la debida.  En no pocos casos, estos contrabandos involucran, y en ocasiones, consiguen su objetivo, decenas de furgones de una sola vez.
 
Esta situación se ha dado en mayor o menor medida pero siempre a un nivel muy voluminoso, multimillonarios, bajo todas las administraciones.  Esto asì, debido tanto a recursos y mecanismos de control muy pobres como a la involucraciòn de elementos inescrupulosos dentro del propio personal aduanal.  Incluso, es frecuente que ese tipo de operaciones ilegales alcance a enlodar la gestión y engordar el bolsillo de altas instancias de ese despacho gubernamental y hasta llegar con sus salpicaduras de fango mucho màs allà.
 
¿ Hasta dònde pueden resultar lucrativos los sobornos que mueven complicidades internas dentro de la estructura aduanal?  Una respuesta podemos encontrarla en el caso reciente de un hoy ex teniente que ha sido incorporado al expediente de narco de Quirino Paulino.  Este, como justificación a su extraordinaria prosperidad totalmente desproporcionada en relación a su rango policial y salario correspondiente, revelò públicamente haber obtenido beneficios por màs de cien millones de pssos por servir como agente o intermediario en la sacada de mercancías de las Aduanas pagando aranceles muy por debajo de los que correspondìa aplicarles.
 
Desde que Miguel Cocco se hizo cargo de la Dirección General de Aduanas diò notaciones inmediatas de estar en disposición de profundizar la lucha contra el contrabando.  De ello ya habìa dado señales y dejado huellas muy claras durante su paso anterior por ese mismo puesto durante la precedente administración del doctor Leonl  Fernández.
 
De ello ha dado muestras sobradas con la frecuente detección de intentos de introducir al paìs  valiosísimos embarques de mercancías de toda narturaleza, en especial electrodomèsticos y bebidas, burlando el pago del arancel de aplicación.   De esta forma se han podido salvar para el fisco cientos de millones de pesos por concepto de derechos aduanales y las multas y cargas que son de imposición legal en estos casos.
 
Pero como admite el propio Cocco, hasta ahora los que han caìdo y sido sometidos a la Justicia son piezas subalternas, intemediarios, en tanto los grandes culpables, los verdaderos capos de la subvaluaciòn y el contrabando han salido  indemnes.  Ahora esos elementos reciben una señal expresa de que la autoridad aduanal se halla tràs su pista y que hay la firme decisión de someterlos formalmente en caso de ser sorprendidos en este tipo de acciones.
 
Obviamente, como advierte Cocco, para que la gestión resulte efectiva, los tribunales deben hacer su trabajo sancionando de manera ejemplar a los infractores.  Y con mucha màs razón, como reclama el funcionario, en aquellos casos en que los sometidos son convictos y confesos.
 
La denuncia, advertencia y reclamo de Miguel Cocco son de gran importancia para preservar los derechos fiscales del Estado y fortalecer sus ingresos.  Pero al mismo tiempo, consideramos igualmente vàlido sugerir y demandar del propio Director de Aduanas que en estos casos de expedientes de contrabando, convictos y confesos, como señala, se den a conocer sus nombres a la opinión pùblica.  Porque si por las razones que sea, la Justicia no està a la altura de sus responsabilidades sancionando penalmente a los contrabandistas, por lo menos que reciban la condena moral de la merecida vindictapùblica. 
 
Esa oportunidad y responsabilidad descansan en las manos del propio Miguel Cocco.

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Viernes 5 de noviembre/ EL TIRO RAPIDO

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