Martes
11 de octubre/
EL TIRO RAPIDO
El Procurador General de la Repùblica acaba de agregar nuevos
cuestionamientos a los que habìa externado anteriormente en
relación con fallos controversiales dictados por los tribunales
de justicia en casos de delitos graves. En esta oportunidad,
el doctor Francisco Domínguez Brito critica las sendas sentencias
de una Corte de San Cristóbal que dispuso la excarcelación
del diputado Radhamès “El Chino” Garcìa y
el ex vice-cònsul Ormis Freddy Peña Méndez, quienes
guardaban prisión por hechos separados.
El primero de ellos habìa sido condenado a un año y medio
de prisión por tràfico ilegal de asiáticos a travès
de la frontera, valido de su condición de cónsul dominicano
en Juana Méndez. Lograr su condena requirió de
un prolongado, costoso y disputado proceso de persecución. Esto
asì, porque Garcìa se amparò en su condición
de diputado para tratar de convertir en impunidad a su delito, la
inmunidad parlamentaria que privilegia el cargo legislativo.
A la liberación de Garcìa, ordenada por la Corte a petición
de su abogado, al cumplir la mitad de la débil sanción
que se le impuso, se agrega otra decisión de los jueces sancristobalenses
abriendo las rejas de la prisión el ex vicecónsul Peña
Méndez. Este, tambièn aprovechando los privilegios
de su cargo, se dedicaba a traficar drogas y armas a travès
de la línea divisoria.de acuerdo al reporte ofrecido por la
Dirección Nacional de Control de Drogas, organismo que le habìa
montado un operativo de seguimiento desde meses atràs al tener
informes sobre sus actividades ilegales. El elemento probatorio
en este caso, de una contundencia irrebatible, fue la detención
del mismo en momentos en que transportaba hacia un barrio de la capital,
un cargamento de 42 kilos de cocaína ocupado en su propia jipeta
junto con varias armas de fuego.
Otro caso de excarcelación, èsta provisional.
La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito
Nacional dispuso la libertad, bajo fianza de 5 millones de pesos, del
ex subsecretario técnico de la Liga Municipal Dominicana, Amauris
Guzmán. Suspendido en su cargo por el Secretario General
del organismo, hasta tanto se esclarezca su situación, Guzmán
fue detenido y enviado a Najayo bajo la acusaciòn de ser uno
de los principales cabecillas, si no el màs importante, en la
operación dolosa y vergonzosa de la venta de los pasaportes
oficiales, que nos ha llevado al extremo del descrédito
internacional de que los gobiernos de España e Italia hayan
decidido exigir visado de entrada a sus respectivos territorios, a
los funcionarios oficiales y diplomáticos dominicanos.
Cabe suponer que, por extensión, este fallo, si
es que la ley corre pareja para todos, serìa de aplicación
para todos los demàs detenidos: síndicos, regidores,
empleados de oficialìas civiles y cómplices de toda naturaleza
que ahora mismo guardan prisión por su alegada involucraciòn
en esta vasta trama que suma asociación de malhechores, fraude,
falsificación de documentos públicos, bigamia y tràfico
ilegal de personas entre otras violaciones penales.
Se explica la preocupación del Procurador General de la Repùblica
ante estas fallos judiciales en expedientes que involucran delitos
de tanta gravedad; sentencias que posiblemente estèn ajustados
a Derecho a la luz del nuevo Código Procesal Penal, pero
que en la pràctica pudieran constituir un debilitamiento en
la lucha contra la corrupción en sus diferentes expresiones
y proyectar la imagen de una justicia complaciente, permisiva, cuando
no vulnerable y cómplice.
Revive en la memoria el recuerdo de la renuncia del doctor Virgilio
Bello Rosa, durante la pasada administración, al mismo cargo
que hoy detenta el doctor Domínguez Brito, cuando en un acto
de penosa y dolorosa frustración fundamentò la
misma en la convicción de que no existìa voluntad política,
partidaria, judicial ni social para combatir y sancionar la corrupción.
Ojalà el actual incumbente de la Procuraduría, quien
al igual que el doctor Bello Rosa goza justo reconocimiento de hombre
digno, no se vea obligado a repetir el gesto de aquel, renunciando
tambièn a su posiciòn por la misma razón
de no encontrar la debida sintonía en las instancias correspondientes
a los esfuerzos desplegados para penalizar y erradicar el cáncer
de la corrupción. La misma que de manera impune, a lo
largo de tantos años, ha contaminado la vida nacional
y contribuìdo como ningún otro factor al empobrecimiento,
el atraso y la infelicidad del pueblo dominicano.
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Miércoles
12 de octubre/
EL TIRO RAPIDO
IGUAL
QUE EN CAPOTILLO
Un informe
de la Procuraduría General de la Repùblica sobre las
muertes violentas por homicidios e intercambios de disparos registra
un total de mil 882 personas que habìan perdido la vida al
pasado 30 de septiembre en lo que va del presente año.- De
esta cifra, 374 cayeron vìctimas de los enfrentamientos que
involucraron a agentes de la autoridad. Se trata de los tan publicitados
y cuestionados “intercambios de disparos”, que no en
todos pero sì en un buen nùmero de casos, son
denunciados como verdaderas ejecuciones extrajudiciales en un paìs,
como el nuestro, donde legalmente no existe la pena de muerte. El
resto se produjo a consecuencia de homicidios debidos en màs
de un 80 por ciento a armas de fuego.
Dos datos comparativos positivos resaltan en el reporte de la oficina
del Procurador General.
El primero, que el nùmero de vìctimas por las dos razones apuntadas
durante durante el pasado mes, acusò una baja de un 15 porciento en
relación al precedente agosto. Y el segundo, que durante ese mismo
perìodo no se reportò una sola muerte violenta por las causas
señaladas en el barrio de Capotillo. Tomado como piloto para la ejecución
del Plan de Seguridad Democrática, antes del intenso patrullaje
policial desplegado por èste era escenario diario de todo gènero
de acciones criminales y de enfrentamientos a tiros entre bandas de malhechores
y distribuidores de drogas. Estos grupos de antisociales o se han replegado
a esperar de que la atmósfera se enfrìe, o han emigrado
a otros barrios cercanos para continuar sus fechorías. Tal es
queja diaria y amarga de los vecinos de Gualey.
Precisamente en este ùltimo, una joven de apenas 15 años, Catherine
Pérez Mejìa, falleció el lunes en la noche en el hospital
Aybar después de recibir un balazo en el pecho, debido a una incontrolada
lluvia de disparos desatada por dos dias consecutivos. Dos personas mas,
Geraldy Gregorio Garcìa, de 17 años y Doris Ramírez Jiménez,
de 37, resultaron heridas, vìctimas tambièn inocentes de otra
balacera registrada en Las Canitas que mantuvo a obligadas puertas cerradas
a los residentes de ambos vecindarios sometidos a un virtual estado de sitio
y toque de queda delincuencial.
Los exitosos resultados registrados en las primeras semanas de aplicación
del Plan de Seguridad Democrática en Capotillo son meritorios de reconocimiento. Pero
lo que viene ocurriendo en Gualey, Villas Agrícolas, Simòn Bolívar,
Las Cañitas, Los Guandules y muchas otras barriadas de la capital, tanto
como los hechos delictivos que se reportan desde Santiago y otras ciudades
del paìs nos recuerdan que la violencia criminal es un problema de carácter
nacional.
En todos estos sitios, de un extremo al otro del pedazo de isla que ocupamos,
vecindarios, comunidades golpeadas, acosadas, batidas por la criminalidad rampante,
desafiante y agresiva estàn clamando por una acciòn enérgica,
continua y efectiva de las fuerzas del orden para recobrar su legìtimo
derecho a convivir en paz, sin zozobras ni temor.
Nadie puede esperar ni es lógico reclamar que de la noche a la mañana
se reduzca dramáticamente la delincuencia en el pais, mucho menos
conociendo los elevados índices de criminalidad a que hemos llegado
y los limitados recursos con que todavía se cuenta para enfrentarlos. Pero
es oportuno recordar que en dìas recientes el Jefe de la Policía
Nacional, cuya gestión parece marchar por buen camino, anunciò que
el Plan de Seguridad Democrática que se lleva a cabo en Capotillo se
extenderìa a otros barrios de la capital y de Santiago.
Esos vecindarios estàn necesitando y esperando que se de cumplimiento
al anuncio del Jefe Policial y que tambièn comience a dejarse
sentir el patrullaje de la uniformada en sus calles para recobrar su
perdida y tan anhelada tranquilidad al igual que està ocurriendo en
Capotillo.
Esperemos que asì sea.
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Jueves
13 de octubre/
EL TIRO RAPIDO
Por
años, la Liga Dominicana contra el Cáncer y el hospital
Heriberto Pieter en la capital y el Patronato Cibaeño contra
el Cáncer en Santiago han venido desplegando una abnegada
y meritoria labor a favor de los pacientes aquejados de esta dolorosa,
costosa y muchas veces fatal enfermedad.
Miles de dominicanos de escasos recursos, imposibilitados de afrontar
el elevado costo de los tratamientos anticancerosos, han podido salvar
la vida en unos casos y en otros, ver aliviada su enfermedad y prolongada
su existencia gracias a estas dos instituciones.
Ellas, dicho sea de paso, han venido prestando unos servicios asistenciales
que corresponden al Estado con un presupuesto muy inferior al que hubiese
empleado y requerido èste en caso de haber tomado a su cargo
esta responsabilidad. Tan solo en el hospital Heriberto Pieter
se atienden màs de diez mil pacientes por mes.
Esto asì mediante un manejo escrupuloso y austero de los fondos
que recibe en parte provistos por el propio presupuesto nacional a
travès del subsidio asignado a ambas instituciones, que ni necesario
es señalar que resulta muy inferior al demandado para cubrir
sus requerimientos básicos.
Para que se tenga una idea de hasta dònde es insuficiente este
aporte baste señalar que de los 12 millones 700 mil pesos que
recibe anualmente la Liga, el pago a los mèdicos consume 10
millones 600 mil, no obstante que èstos reciben salarios muy
moderados.
Donaciones particulares y la asistencia de organizaciones internacionales
que proyectan en este campo con sentido de humanitario y de gran solidaridad
han contribuìdo en alguna medida a que tanto la Liga como el
Patronato hayan podido mantener sus puertas abiertas para los pacientes
que acuden a recibir asistencia.
Una empresa internacional muy reconocida y popular de productos
para la mujer como es AVON desde hace varios años creò y
mantiene una cruzada anual contra el Cáncer a travès
de la cual ha logrado recaudar siete millones de pesos que ha aportado
de por mitad a la Liga y al Patronato.
Pero como señalamos antes, tanto los equipos como los tratamientos
para el cáncer son en extremo costosos. Y esto hace que
ambas instituciones, limitadas en sus recursos, arrastren una
existencia que mantiene sus finanzas en continuo estado de precariedad.
Ahora mismo, la Liga Dominicana contra el Cáncer està enviando
un SOS al gobierno para poder solventar su grave crisis financiera
representada por una deuda de cuarenta millones de pesos. El
Patronato de Santiago acusa tambièn una situación parecida
con equipos modernos adquiridos mediante donativos particulares, que
requieren para su instalación de recursos adicionales que no
han podido ser obtenidos.
Cabe esperar que las autoridades de Salud Pùblica atiendan el
reclamo de estas dos meritorias instituciones. A fin de cuentas
las deudas que para ambas pueden resultar la diferencia entre mantener
sus puertas abiertas o simplemente entrejuntas, no vienen a ser prácticamente
nada en relación al notable servicio de salud y de vida que
prestan y que constituyen para el Estado Dominicano un alivio muchísimo
mayor que los recursos que precisan y demandan para equilibrar sus
finanzas.
Esperemos que asì se entienda, acoja y resuelva.
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Viernes
14 de octubre/
EL TIRO RAPIDO
La insòlita,
sorpresiva e inadmisible acciòn encabezada por el sacerdote
católico Christopher Hartley al frente de un grupo de guardias
armados y haitianos al invadir en actitud belicosa la segunda etapa
del completo habitacional Villa Gautier, para impedir que dominicanos
pudieran ocupar la mitad de las viviendas del mismo tal como se habìa
negociado y conveido previamente, no solo provocò un serio
enfrentamiento local del que dejò testimonio gràfico
a full color la portada del Diario Libre en su ediciòn de
ayer.
Este hecho increíble, matizado por cartelones con leyendas tan
provocativas como “Fuera los dominicanos, los haitianos tenemos
derecho a una vivienda” y “Esto pertenece a los haitianos,
no queremos dominicanos” arroja màs combustible a la hoguera
encendida en los últimos tiempos de pasiones desbordadas y viejos
resquemores revividos, que pudiera desembocar en una tragedia que ambos
paìses estàn en la obligación de evitar por todos
los medios.
Pero es tambièn a nuestro juicio una señal clara, palpable
que por complicidad, complacencia o ingenuidad todavía hay quienes
se atreven a seguir negando, del propósito manifiesto de echar
sobre los hombros del paìs la pesada carga que representa el
pueblo vecino. Presionar, tratar de imponer una “soluciòn
dominicana” a la “crisis haitiana”. Las evidencias
son incuestionables y van sumándose como cuentas de un fatídico
rosario en acciones ejecutadas en contra del paìs.
No hay que hurgar demasiado ni ir muy lejos. Ahì tenemos
la campaña calumniosa a nivel de organismos internacionales
y la prensa extranjera, presentando a la Repùblica Dominicana
como un paìs violador de los derechos humanos. La absurda
propuesta del Canciller de Haitì en la ONU, reclamando que el
organismo mundial norme las relaciones con Repùblica Dominicana,
olvidando que nuestra situación es muy distinta. En tanto
Haitì se encuentra intervenido militarmente, nosotros nos encontramos
en pleno derecho de ejercer nuestra soberanìa.
Otros aspectos importantes a tomar en consideración. El
injusto, arbitrario fallo de la Corte Interamericana de Justicia condenando
a la Repùblica Dominicana, a todas luces prejuiciado,, preconcebido
y preelaborado. Lla campaña de una buena parte de la prensa
y la clase política del paìs vecino, que ha llevado a
la primera a publicar falacias tales como de que en Higuey unos 200
haitianos habìan sido muertos en los últimos diez meses. Y
ahora mismo, la no menos chocante e ingerencista declaranciòn
de la representante de la OEA en el paìs quien no solo valida
el fallo de la Corte Interamericana advirtiendo que no es pasible de
apelación, sino que llega al extremo de emitir juicios de valor
sobre la nacionalidad de haitianos nacidos en territorio nacional,
tema que es de la exclusiva competencia y soberanìa del paìs,
su Constitución, leyes y organismos competentes.
La reacción de este lado de la frontera ha sido coincidente
en rechazar la campaña contra la Repùblica Dominicana. Al
margen y por encima de banderìas partidarias tanto el PRD como
el PRSC, los presidentes del Senado y la Càmara, el obispo de
Mao-Montecristi, representantes de diversas organismos y sectores
del paìs se han pronunciado en la misma dirección de
defensa de la soberanìa nacional que lo han hecho los voceros
del gobierno, el Canciller de la Repùblica y otros funcionarios.
Pero el tema es de tal trascendencia y su potencial de peligrosasidad
tan manifiesta, que entendemos hay que comenzar a sustituir denuncias,
quejas y protestas de este lado por acciones oficiales concretas.
El Estado Dominicano tiene de una vez y por todas que definir y ejecutar
una política de migración clara, contundente, definitoria
acorde con el interés nacional, en uso de su legìtimo
derecho como nación soberana, poniendo en pràctica la
nueva ley y reglamento que deben regir la misma.
El gobierno dominicano debe abocarse tambièn, ante la inviabilidad
de una deportación masiva, a buscar una salida legal a la problemática
de ese millòn y màs de haitianos indocumentados que residen
en territorio nacional, lo cual es tambièn responsabilidad que
tiene que compartir del gobierno vecino, comenzando por documentar
a sus nacionales y por registrar como haitianos a los nacidos aquì,
conforme a lo que expresa su propia Constitución. Y
poner freno a la introducción irregular de haitianos por la
frontera, asì como a la admisión de malhechores e indeseables
de cualquier nacionalidad que vienen al paìs en busca
de refugio.y en muchos casos de escenario para nuevas fechorías.
Tiene ¿por què no? al igual que han hecho los Estados
Unidos y otras naciones que registrar como agentes extranjeros
a entidades y elementos que representan o realizan labor a favor
de grupos foráneos para lo cual reciben fondos del exterior,
auditando el origen de dichos recursos y el destino que se dà a
los mismos asì como regular sus actividades.
Debe velar porque se respeten celosamente los derechos humanos de los
haitianos que vienen, residen - o son traídos a trabajar en
el paìs asì como los que son repatriados, pero
tambièn porque su presencia aquì ello no vaya en detrimento
o perjuicio de los dominicanos. Y tiene que aplicar en
este sentido con el debido rigor, las disposiciones que regulan
la contrataciòn de la mano de obra extranjera sancionando
adecuadamente a cuantos las violen.
Debe salirse de la Corte Interamericana de Justicia, donde es obvio
que existe una situación de prejuicio en contra del paìs.
Y debe tambièn solicitar con respeto pero tambièn con
firmeza, una definición de la jerarquía católica
nacional ante los problemas que estàn suscitando algunos
de sus ministros que màs que promoviendo una pastoral a favor
de los haitianos estàn predicando y ejecutando una pastoral
en contra de los dominicanos tanto en el plano local como internacional.
Finalmente, al tiempo de seguir reclamando de las grandes potencias
un plan de ayuda sostenido y abundante para Haitì como lo ha
venido haciendo en todos los foros internacionales, nuestro gobierno
tiene que desarrollar tambièn una agresiva política
de divulgación de nuestra verdad que bien pudiera y debiera
iniciar el Presidente Leonel Fernández aprovechando esta cumbre
que se està llevando a cabo en España. Presentar
la otra cara de la moneda. El verdadero rostro dominicano muy
distinto al que se ha venido proyectando perversamente hasta ahora
presentàndolo como un pueblo abusador, xenófobo,explotador
del infortunado vecino, al cual paradójicamente para ayudarle
a salir de su extrema miseria hemos ofrecido el alivio de compartir
nuestra propia pobreza a diferencia de quienes se presentan como defensores
del pueblo haitiano al que,sin embargo, le cierran sus fronteras
y le niegan su ayuda.
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