Martes
19 de julio/
EL TIRO RAPIDO
Mejor tarde que nunca.
La expresión es apropiada para calificar la reunión sostenida ayer
por el Consejo Nacional de Migración, en el que participan diversas dependencias
oficiales.
Según el Secretario de Interior y Policía, Franklin Almeida, en
dicha sesiòn se acordò la realización de un censo para establecer
la cantidad y el status de los extranjeros residentes en el paìs. A
este fin, se traerán técnicos de fuera.
Al mismo tiempo, el funcionario advirtió que el Gobierno Dominicano continuarà con
la repatriación de haitianos ilegales, aunque evitando hacerlo en
forma masiva y respetando sus derechos humanos.
Por mùltiples razones, al referirse a la presencia extranjera en el paìs,
a los naturales haitianos hay que reservarles un lugar especial y especìfico.
Su caso es diferente al del resto.
¿Cuàntos haitianos residen en suelo dominicano? ¿Cuàntos
en forma legal?
Sobre lo primero no existen cifras oficiales. Estimaciones al ojo por ciento
hacen oscilar su nùmero desde 500 mil hasta dos millones, cantidad èsta
que nos parece totalmente exagerada.
En cambio, sì es una cifra constante en el tiempo, la de los registrados
en la Dirección General de Migración que no llega a cinco mil. Por
consiguiente, todos los demàs, cual sea en definitiva su cantidad, residen
aquì de manera ilegal.
No hay que extenderse en exceso sobre la compleja problemática que esta
situación origina al paìs en todos los òrdenes.
La carencia tradicional de una definida y consistente política migratoria,
en especial para enfocar el caso haitiano, no sòlo ha tensado las relaciones
entre las autoridades de ambos lados de la isla en diferentes oportunidades.
Tambièn ha llegado al punto de sentar al paìs en el banquillo de
los acusados en el escenario internacional de los derechos humanos. El
fardo de las acusaciones, aùn cuando pudieran tener algo de veracidad,
a nuestro juicio ha sido presentado por lo general en una dimensión magnificada.
Pero este vacìo de políticas definidas, ha tambièn
reflejos adversos y peligrosos en el plano domèstico. Baste recordar
los trágicos acontecimientos que tuvieron lugar en Hatillo Palma en semanas
recientes, y los que ahora mismo ofrecen el riesgo de una situación
potencialmente explosiva en la comunidad de Los Llanos.
Son señales advertidoras de la necesidad de afrontar sin màs dilación
el tema de la masiva inmigración haitiana y su permanencia ilegal en el
paìs, no para desatar persecuciones insensatas ni fomentar fobias enfermizas.
Pero sì para fijar y ejecutar políticas consistentes, las mismas
que hemos estado evadiendo por mucho tiempo, de manera imprevisora e insensata,
y que a fin de cuentas constituyen un elemental ejercicio de soberanìa
al que tenemos pleno, innegable e irrenuciable derecho.
Es de esperar que la disposición actual no sean nuevos disparos de salva,
como en tantas otras ocasiones anteriores en que hemos dado la espalda a un tema
realmente conflictivo pero de soluciones que ya no pueden seguirse aplazando màs
tiempo en evitaciòn de seguros males mayores.
Es de esperar que el Consejo Nacional de Migración haga su trabajo en
este sentido aplicando las normas que procedan sin asomos de abuso pero con la
necesaria diligencia y energía.
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Jueves
21 de julio/
EL TIRO RAPIDO
Durante
la interesante intervención que hizo al participar en el almuerzo
semanal de la Editora Listìn Diario, el Canciller de la Repùblica
fue reiterativo en la posiciòn del gobierno con respecto al
tema de la inmigración ilegal, particularmente la que proviene
del otro lado de la frontera.
El ingeniero Carlos Morales Troncoso recordò que al deportar a quienes
pasan o residen ilegamente en suelo nacional, el paìs està ejerciendo
un acto de plena soberanìa.
En todos los Estados organizados del mundo, existen legislaciones que regulan
la inmigración. Esto asì, tanto en la concesión
de permisos de ingreso al territorio que se trate como su permanencia màs
allà del tiempo autorizado.
Por lo general, aquì, salvo excepciones toleradas o gestionadas de manera
dolosa, esas normas se han venido aplicando. No asì en el caso
de la inmigración haitiana que se estado produciendo en un flujo que
a veces llega a ser casi marejada.
Al presente se ignora el nùmero de naturales haitianos residentes aquì. En
dìas recientes, la Fundación Latinoamericana de Estudios Sociales
(FLACSO) fijò la cantidad en 800 mil en números redondos, en
tanto la de los registrados en la Dirección General de Migración
no llega a cinco mil. Ambas cifras fueron avaladas por el ex Cónsul
Haitiano en el paìs, Edwin Paraison.
Aceptando las mismas como buenas y vàlidas, la gran diferencia entre
ambas nos dà una clara idea de hasta dònde alcanza la presencia
masiva de haitianos en el paìs que no han regularizado su condición,
y por consiguiente no gozan del necesario permiso de las autoridades para permanecer
en territorio dominicano.
Normalizar esa situación es no sòlo un derecho de soberanìa
que nos asiste. Es una necesaria política de prevención del Estado
por razones màs que sobradas. Y resulta tambièn a beneficio
de los propios inmigrantes haitianos, al crearles un marco legal que contribuya
a ponerlos a cubierto de excesos y abusos, que en verdad los ha habido como
por desgracia ocurre con todos los inmigrantes ilegales en casi todos los paìses
del mundo.
Todos sabemos de la situación que prevalece del otro lado de la frontera
que nos dan el perfil del paìs màs pobre del Continente y entre
los màs miseriosos del mundo, en el marco de una sociedad en grave estado
de descomposición donde la violencia política va de mano de la
delincuencial.
Nuestro paìs ha sido solidario de esa tragedia y ha cargado parte del
peso de la misma, mucho màs allà de sus propias fuerzas. No
ha habido un cruzado màs persistente de la causa haitiana que la Repùblica
Dominicana en los diferentes foros internacionales en que hemos estado presentes
en los últimos años, reclamando apoyo y soluciones para el infortunado
vecino dentro de sus propias fronteras.
Pero insistimos que nadie puede objetar ni mucho menos pretender que es una
agresión al vecino, el que la nación defina y aplique una
política migratoria tan vàlida para los inmigrantes haitianos
como para cualquier otro extranjero. Ni que ejerza el legìtimo
derecho de deportar a quienes se introducen ilegalmente en el paìs o
pretendan residir en èl de manera irregular.
El tema es tan claro que no precisa seguir abundando sobre el mismo.
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Viernes
22 de julio/
EL TIRO RAPIDO
El Rector de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo al comparecer en el almuerzo semanal
del Grupo de Comunicación Corripio, ha revelado que el 62
por ciento de los nuevos bachilleres que intentan acceder a la educación
superior, reprobò la evaluación diagnòstica
sobre Orientación y Mediciòn de su Situación
Académica, llevada a cabo por la casa de estudios.
Lamentablemente, el licenciado Roberto Reyna no nos està descubriendo
un escenario ignorado en el marco tradicionalmente errático y deficiente
en que se ha desenvuelto la educación en nuestro paìs. Esto
asì, porque una cifra parecida es la que el propio Reyna nos habìa
revelado en una comparecencia televisiva, cuatro años atràs, en
el entonces matutino del Canal 21, donde tuvimos la oportunidad de entrevistarlo.
Por esa misma època, un diagnòstico del sector docente establecía
con sombrìa claridad que la gran mayorìa de los bachilleres que
accedìan a la educación superior, poseìan un nivel académico
real muy inferior.
La conclusión es que en el tiempo transcurrido, no ha habido progresos
en el campo educativo donde todavía el paìs anda muy a la zaga.
Concidiendo con las manifestaciones del Rector Uasdiano, son igualmente reveladores
en esa misma dirección, los resultados de la encuesta llevada a cabo por
la reconocida firma Gallup. Estos fueron dados a conocer por la Secretarìa
de Educación y Acciòn para la Educación (EDUCA) que desde
hace muchos años viene haciendo aportes muy significativos al mejoramiento
de la docencia nacional.
El sondeo de Gallup que abarcò 737 escuelas, puso de relieve una vez màs
las muchas fallas y debilidades del sistema educativo nacional debido a la forma
medalaganaria en que se imparten clases en el sector pùblico debido a la
frecuente inasistencia del profesorado y el incumplimiento de los horarios de
clases. Esto ha traído como consecuencia que en tanto la jornada
escolar en el mundo promedia cuatro horas diarias, aquì se reduce a 2.36
en la tanda matutina y baja màs todavía a solo 2.14 en la vespertina.
A lo anterior habrìa que agregar que el paìs sigue dedicando
una bajìsima inversión del Producto Interno Bruto a la Educación
que, al igual que ocurre con el horario, resulta muy inferior al estándar
recomendado internacional.
Con el incumplimiento profesoral, la alta deserción escolar, el pobre
nivel académico y la baja inversión que dedicamos a la educación...¿Podemos
acaso aspirar y esperar salir de la pobreza, el atraso y el subdesarrollo? ¿Modernizarnos? ¿Avanzar
hacia el progreso y el bienestar?
Repetirlo es una verdad màs que conocida, pero por su importancia y nuestra
inacciòn vale la pena insistir en el punto: el desarrollo y la mejorìa
de la calidad de vida del paìs depende en mayor medida y de forma directa
de nuestros logros educativos.
Alcanzar èstos debe ser meta prioritaria del gobierno, los partidos políticos,
todas las instituciones representativas de nuestra sociedad y el propio magisterio. Un
gran compromiso y esfuerzo de todos en fin, si es que queremos realmente
crecer como nación y como pueblo.
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