Lunes
16 de mayo/
EL TIRO RAPIDO
La muerte a machetazos
de la comercianta dominicana Maritza Núñez, en la zona
de Hatillo Palma, Montecristi, presuntamente a manos de un grupo
de facinerosos haitianos ha sido una especie de chispa detonante
para desatar una serie de acontecimiento preocupantes.
Por un lado, en la propia comunidad a la que pertenecía la occisa, la
muerte de èsta trajo como respuesta inmediata una especie de cacerìa
de haitianos residentes en la zona. Se informa que cientos de èstos
decidieron cruzar la frontera por temor a ser vìctimas de represalias.
La situación es tan tensa y los ànimos quedaron tan alterados que
fue necesario que las autoridades civiles y militares asì como lìderes
religiosos y comunitarios. tuvieran que esforzarse al máximo para tratar
de aquietar este desbordamiento pasional de xenofobia contra los naturales del
otro lado de la frontera residentes en èste.
Se suma a ello la repatriación este fin de semana de varios centenares
de haitianos por parte de la Dirección General de Migración, pese
a que, según denuncia el padre Regino Martìnez, poseìan
visa múltiple. El sacerdote católico, muy vinculado a la
comunidad haitiana en el paìs, reclamò detener de inmediato estas
acciones advirtiendo que las mismas pudieran provocar un escàndalo internacional.
Sòlo ayer, según el religioso, pese a ser feriado, llegaron
a Juana Méndez mil doscientos repatriados- De ayer tambièn
se reporta un total de mil 600 que fueron apresados por las autoridades de Migración,
muchos de los cuales, según se afirma, fueron autorizados y debidamente
carnetizados para trabajar en fincas de la zona. En otros casos, se señala
que entre los deportados fueron enviados dominicanos devueltos màs tarde
por las propias autoridades haitianas. El total de expulsados en las ùltimas
semanas se cifra en unos once mil.
Las autoridades migratorias del otro lado de la isla no se han quedado atràs
al momento de tomar medidas. Y en consecuencia, dispusieron el cierre de
la frontera por Dajabòn y Juana Méndez, màs tarde levantados
por gestiones de nuestro embajador en Puerto Príncipe. El ùkase
dejò varados a centenares de comerciantes afectando severamente las operaciones
de intercambio que tienen lugar en el àrea de la línea divisoria
del territorio insular.
Cuando se produjeron los acontecimientos de Hatillo Palma, en Montecristi, advertimos
que las autoridades debìan actuar con presteza y energía para evitar
que la muerte de la infortunada Maritza Núñez se convirtiese
en detonante de una persecución racial.
A la luz de este acontecimiento habrìa que considerar si las acciones
de repatriación llevadas a cabo por Migración, por màs legìtimas
y justificadas que pudiesen estar, careciesen en este preciso momento del sentido
de la oportunidad. Y por tanto, con los ànimos excitados y las pasiones
al rojo vivo, solo sirviesen para echar màs leña al fuego.
Queremos insistir en el punto porque tanto Haití como Repùblica
Dominicana, confrontamos serios problemas aunque de diferentes matices, como
para agregarle el ingrediente de un enfrentamiento entre ambos.
Pero tambièn queremos hacer énfasis, en una perspectiva màs
amplia, de que tanto èstos casos como otros incidentes pasados y los que
puedan presentarse en el futuro entre dos pueblos muy distintos pero inexorablemente
condenados a compartir el mismo territorio físico, son y seràn, de
no cubrir ese vacìo por nuestra parte sobre todo, consecuencia de la falta
de una verdadera polìtica de Estado que norme las relaciones con Haití.
Que afronte la realidad de los cientos de miles de indocumentados haitianos residentes
en el paìs. El constante trasiego ilegal de braceros del otro lado
de la isla a èste. Su contratación masiva como trabajadores
agrícolas y en la construcción principalmente, para utilizarlos
como mano de obra màs barata. El de la parturientas que cruzan la
frontera para dar a luz en los hospitales dominicanos y reclamar la ciudadanìa
de sus hijos. Los problemas sanitarios y ecológicos que genera una
inmigración ilegal y desordenada. El de la nacionalidad de los hijos de
haitianos ilegales nacidos en el paìs. En fin, toda la compleja
problemática que involucra la vecindad domìnico-haitiana.
Hora es ya, insistimos una vez màs, de que definamos esa política
antes de que tengamos que lamentar situaciones que pudieran alcanzar un alto
nivel de irracionales pasiones y extrema peligrosidad con consecuencias
funestas para ambos pueblos.
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Martes
17 de mayo/
EL TIRO RAPIDO
El Director
General de Aduanas, Miguel Cocco, acaba de remitir un informe detallado
al Procurador General de la Repùblica sobre la operación
de compra de la nueva sede de esa dependencia. Se trata del
edificio que ocupaba anteriormente la compañìa telefónica
Verizon, en la Avenida Abraham Lincoln, casi esquina a la John F.
Kennedy.
En su comunicación al doctor Francisco Domínguez Brito, el incumbente
de Aduanas le reclama realizar una investigación exhaustiva de esta negociaciòn
cuyo monto alcanza la significativa cifra de mil millones de pesos. Según
el licenciado Cocco, la operación no afecta el Presupuesto de Ingresos
y Gastos de la nación por cuanto la misma serà financiada con fondos
excedentes provenientes del cobro de aranceles y multas a importadores contrabandistas.
Entendemos que esta decisión de alto funcionario aduanal es correcta. Que
constituye la respuesta adecuada que desde el principio debió dársele
a las interrogantes y cuestionamientos originados por esta adquisición,
una vez que la misma se hizo pùblica.
En esa ocasión, el licenciado Cocco reaccionò con ànimo
airado frente a señalamientos que hicieron y explicaciones que reclamaron
dos apreciados colegas Juan Bolivar Dìaz y Fausto Rosario Adamès
en ejercicio legìtimo de su profesión como comunicadores y de su
derecho como ciudadanos ante una operación de la envergadura económica
señalada y que en adiciòn, fue realizada en forma directa.
Cuando tal ocurriò, dijimos y reiteramos ahora que en nuestra opinión,
compartida por una gran parte de la ciudadanìa, el licenciado Cocco es
un funcionario probo y probado ya desde la anterior administración del
Presidente Fernández, cuando ocupò la misma posición que
detenta hoy en cuya gestión ganò reconocimiento general.
Pero tambièn señalamos y llamamos la atención del propio
funcionario que ni aùn siendo un ciudadano libre de cualquier sospecha,
quedaba exonerado de dar cuenta de sus actos como es obligación de todo
servidor pùblico.
Y esto asì con mayor razòn por tratarse de una negociación
en la que no mediò concurso ni licitación. Un mètodo
que ha sido tradicionalmente criticado y usado como tema de campaña
cuando se està en la oposiciòn pero pertinazmente olvidado
cuando se arriba al poder.
Ningún funcionario por màs honesto que sea, debe sentirse disminuido
en su moral, cuestionado en su probidad or el hecho de que se le pida cuenta
de sus actos. Por el contrario, ese experticio, esa auditoria cuando no
hay nada que esconder ni tapar lo que hace es fortalecer la posición del
servidor pùblico, eliminar cualquier suspicacia, desmontar rumores, sospechas
y campañas posiblemente calumniosas o interesadas en perjuicio de su gestión.
En el caso que nos ocupa es necesario, conveniente y de esperar que esta investigación
que reclama el licenciado Cocco sobre la controversial compra directa de la nueva
ubicación de las oficinas aduanales, se realice de la forma màs
exhaustiva y convincente. Que se analice cada àngulo de la operación. Que
no se dejen cabos sueltos sin atar ni dudas sin despejar.
Esto asì no sòlo en beneficio de la moral personal del Director
General de Aduanas sino por la propia imagen de un gobierno que ha asumido y
reiterado el compromiso del màs transparente ejercicio del poder. Y
asimismo, para dar obligada satisfacción al legìtimo derecho de
la ciudadanìa a conocer con máxima claridad y total transparencia,
la forma en que se usan y el destino que se da a los fondos públicos que
no dejan de serlo por el hecho de que no provengan del Presupuesto de la Nación.
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