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Director Mario Rivadulla
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ABRIL/2005
 
Semana 18 al 30

Lunes 25 de abril/ EL TIRO RAPIDO

Al igual que la corrupción tanto en el sector pùblico como privado, la evasión fiscal pareciera ser un mal endémico en el paìs.  Se trata en definitiva,  de una expresión màs de esa propia corrupción tan grave y condenable como cualquier otra.  Esto asì, sean negocios turbios hechos bajo la sombrilla protectora de los gobiernos, las comisiones en las ventas y cobros al Estado, los sobreprecios en las obras pùblicas de grado a grado y en la venta de bienes y servicios, los contrabandos y otras formas de enriquecimiento ilícito.
 
Ahora bien: dentro del marco de la evasión fiscal en nuestro paìs,  a pesar de los esfuerzos de las autoridades por reducirla, la que corresponde al ITBIS sigue resultando la de niveles posiblemente màs significativos y tambièn, de seguro,  la màs condenable.
 
Hoy precisamente, la prensa recoge unas declaraciones del diligente Director General de Impuestos Internos, Juan Hernández, señalando que si tomamos en cuenta que el monto del ITBIS ha sido incrementado en un 33 por ciento, elevándose del 12 al 16 porciento para el presente año, la evasión por este concepto ha aumentado en vez de disminuir.
 
Según Hernández, a Marzo pasado apenas se puso recaudar algo màs del cincuenta por ciento de la cantidad debida.  El faltante representa, de acuerdo a los estimados del funcionario, nada menos que entre 7 a 8 mil millones de pesos anuales.
 
En el caso de este tributo, como apuntamos antes, la evasión resulta màs grave y merecedora de mayor sanción por tratarse de un delito contra el Estado...y contra el pùblico.  No hay que olvidar que este gravamen lo pagan los consumidores.
 
Si usted va a un supermercado a adquirir los alimentos para su hogar, o a una tienda de ropa o calzado, a un restaurante o un establecimiento cualquiera de comidas rápidas, a una ferretería o a una agencia de repuestos de automóviles, si quiere pasar un fin de semana en un hotel, en suma si necesita cualquier bien o servicio, la cuenta reflejarà la carga adicional del 16 porciento de ITBIS.  Y ese 16 porciento es de su bolsillo que sale.
 
El negocio que percibe dicho impuesto no tiene ningún derecho a apropiarse de ese 16 porciento.  Es un simple agente de retenciòn y està obligado a reportar y liquidar, mes por mes, a Impuestos Internos, las cantidades que ha cobrado por ese concepto.  No hacerlo asì, es incurrir en un gravísimo delito por partida doble.  Es robo, fraude o como prefiera llamarle,  por un lado al cliente, al consumidor que es quien lo paga y por otro al Estado, que es el llamado a recibirlo.
 
De acuerdo a lo informado por el Director General de Impuestos Internos, hay unas mil 200 empresas que han sido detectadas ahora mismo como evasoras del ITBIS.  A las mismas se les ha concedido un plazo de apremio, vìa actos de alguacil, para que cumplan con el pago bajo advertencia de ser sometidas a la Justicia.
 
Es lo menos que pueden esperar.  Y es de esperar que no lleguen a ese extremo.  El   propio Juan Hernández llama la atención sobre el hecho de que, en casos anteriores, no se ha registrado ningún acto de rebeldía.
 
Hay que saludar las acciones emprendidas para corregir la evasión del ITBIS al tiempo que rechazar y condenar vigorosamente esta pràctica ilegal.  La misma tiene que ser erradicada de tal modo que el Estado pueda obtener los ingresos que necesita, los sectores productivos las compensaciones fiscales que reclama para reducir su falta de  competitividad frente al reto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica y los ciudadanos no verse agobiados con nuevos y mayores impuestos.
 
Porque por lo que dejan de pagar los evasores, pagan en exceso los que no lo son.

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Martes 26 de abril/ EL TIRO RAPIDO

El pleno de la Càmara de Cuentas ha decidido ponerle freno a la locuacidad de su presidente.  Y con ese fin dispuso que el mismo se abstenga de hacer màs referencias pùblicas a la auditoria que se llevarà a cabo para determinar si se incurriò en alguna irregularidad, se cometió alguna acciòn dolosa, se sobrevaluò en fin y se cobro algún peaje por el mobiliario y decoración del edificio que sirve hoy de lujosa sede a la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la Repùblica.
 
Se trata de una medida sabia y oportuna.  Necesaria para tratar de salvaguardar la credibilidad, o lo que pueda restar de ella, de un organismo al que le corresponde una delicada misión fiscalizadora sobre la forma en que se hace uso de los fondos públicos en las distintas dependencias del Estado y en las entidades autónomas.
 
Esto asì porque el presidente de la Càmara, Máximo Castillo, actuando de manera a todas luces imprudente, avanzò un juicio de valor en este caso, al afirmar que estremecerían al paìs los resultados de esa auditoria, cuando lo cierto es que todavìa no se ha realizado la misma.  Como consecuencia de ese acto de irresponsable protagonismo, Castillo colocò la Càmara de Cuentas en el ojo del debate pùblico, provocando una fuerte rèplica del titular de Obras Pùblicas, quien acusa al magistrado de parcialidad y partidarismo.
 
La reacción del funcionario oficial sindicando al presidente del organismo como un cuadro al  servicio del PPH, revive la conflictiva situación que originò su designación para un nuevo perìodo al frente del mismo, lo que en su momento se calificò de una jugada interesada por parte del pasado gobierno.
 
Llamò la atención en esa oportunidad, que las màs fuertes crìticas a la designación de Castillo no partieran de la oposición, sino precisamente de la propia parcela oficialista, aunque de la corriente interna adversa al pepehachismo y la reelección.  Fue el senador perredeìsta Tonty Rutinel, quien levantò su voz para denunciar en la alta càmara legislativa y fuera de ella, que se trataba de una maniobra polìtica.  Pero fue màs lejos, ademàs, al reprocharle a Castillo la arbitraria cancelación de dos técnicos del BID por crìticas vertidas a la forma en que se estaba manejando la Càmara y a la comisión de de alegadas irregularidades durante su gestión.
 
Al margen de estos polémicos antecedentes, reiteramos que Castillo ha actuado en el presente caso de manera inadecuada e irresponsable al dejarse arrastrar a un protagonismo pùblico que no se corresponde ni con su investidura ni con las funciones que trae aparejadas la misma.
 
Para que sus auditorias resulten creìbles tiene que serlo tambièn la propia Càmara. En ella hay magistrados que gozan de buen nombre.  Pero los deslices verbales de su Presidente ponen en entredicho su prestigio y confiabilidad, que deben tratar de ser preservados lo màs celosamente posible.
 
Ahora mismo, la Càmara tiene un reto muy delicado por la resonancia pùblica que ha tenido y sigue teniendo este caso.  Se trata de la auditoria que deberà efectuarse para establecer con absoluta, incuestionable transparencia  el costo real del mobiliario y decorado del inmueble que ha pasado a ser la nueva casa de nuestro màs alto tribunal de justicia, al margen de cuya decisión sea dicho en honor a nuestras informaciones quedaron el Presidente y demàs magistrados que lo integran.
 
Pero para que ese ejercicio de fiscalización y todos los demàs que son funciones propias de ese organismo sean aceptados como buenos y vàlidos,  la Càmara como tal  y cada uno de sus integrantes tienen que evitar que resulten afectadas de la menor sospecha de partidarismo o de cualquier otra forma de parcialidad.
 
Oportuno pues, el freno impuesto a tan cuestionables  demostraciones de locuacidad y protagonismo pùblico de su presidente en el presente caso, que por extensión debìa ser de aplicación en los demàs quetiene a su cargo el organismo. Porque asì como los jueces deben hablar exclusivamente por sentencia, tambièn la Càmara de Cuentas debe limitarse a hacerlo por auditorias.
 
Y conste para evitar malos entendidos que quien habla estima  el gasto de alrededor de 250 millones de pesos que habrìan costado el mobiliario, cortinajes y demàs elementos del decorado según divulgò El Nacional y no ha sido desmentido hasta ahora, es en el mejor de los casos un dispendio màs que  injustificado dentro del marco de crisis en que nos estamos desenvolviendo. 
 
Porque para revestirse de respeto y solemnidad, la  justicia no precisa de lujo ni  derroche.  Basta con que sea eficiente y nos mida a todos con la misma vara.

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Miércoles 27 de abril/ EL TIRO RAPIDO

Durante un acto efectuado en el Palacio Nacional con motivo de la presentación del informe del conocido economista norteamericano Jeffrey Sachs sobre los Objetivos de Desarrollo del Presente Milenio, el Presidente Leonel Fernández reclamò la unidad de todos los sectores que inciden en la vida del paìs para enfrentar los males que lo aquejan.
 
El planteamiento del mandatario es vàlido aunque no precisamente novedoso.  De lo que se trata a fin de cuentas es de poner de nuevo en actualidad y sobre el tapete de las prioridades, la necesidad cada vez màs apremiante de consensuar, diseñar y poner en ejecución un Plan de Desarrollo Nacional, un autèntico Proyecto de Nación que comprometa el esfuerzo solidario, la firme voluntad de todos: partidos políticos, sectores productivos, asociaciones profesionales y gremios obreros, mundo académico, la Sociedad Civil y naturalmente, el propio gobierno.
 
Por espacio de mucho tiempo se ha venido alertando y abogando por parte de voces sensatas y pevisoras del paìs sobre la urgencia de asumir con responsabilidad este indispensable compromiso que implica anteponer los intereses nacionales a toda conveniencia particular, provecho sectorial o ventajismo político.
 
Hace algunos años, estando aùn vivos y en activo los tres grandes lìderes políticos que dominaron el escenario nacional durante 4 dècadas, a saber Joaquín Balaguer, Juan Bosch y Josè Francisco Peña Gòmez, se llegò a elaborar, con participaciòn de la Sociedad Civil, una agenda mínima de gobierno de comùn aceptación y realización por parte de cualquier de ellos que llegase al poder.
 
En  ese acuerdo se identificaron los diez o doce problemas màs agudos que afectaban a la población.  La pobreza, el desempleo, la crisis energética, la corrupción pùblica y privada, la necesidad de impulsar la educación y mejorar la salud pùblica, figuraban entre otros temas de la màs alta prioridad.  Lamentablemente, traumáticos acontecimientos posteriores que siguieron a la firma de ese convenio, hicieron que èste cayera en el vacìo.
 
A partir de entonces, en diferentes oportunidades y escenarios, se ha replanteado el tema de manera muy episódica, pero sin que se tradujese en una acciòn concreta.
 
Hoy los problemas que se incluyeron en aquel acuerdo a que hicimos referencia siguen presentes en el paìs, en algunos casos màs acentuados, y con el agregado de nuevas situaciones que representan serios retos a enfrentar.
 
Al presente, como si no hubiesen transcurrido varios lustros, seguimos confrontando graves problemas con el deficiente suministro y la cada vez màs elevada tarifa de energía eléctrica.  Hay muchos màs pobres que entonces.  Se ha incrementado significativamente el desempleo que casi ronda el 19 porciento.  La educación sigue desenvolviéndose en precario y la salud acusando las mismas graves fallas de siempre. La corrupción y la impunidad continùan siendo males a erradicar. Y la delincuencia y la inseguridad se han convertido en tema de primer orden.   En adiciòn, la situación económica y financiera es mucho màs difícil y la deuda externa en extremo gravosa. Tenemos al Fondo metido dentro de la casa y como si fuese poco, de camino nos viene el Tratado de Libre Comercio con la avasallante y desigual competencia de  Centroamérica y los Estados Unidos.
 
Hoy màs que nunca la situación del paìs reclama, demanda, exige este Proyecto de Nación ante las grandes dificultades que enfrentamos al presente y los graves obstáculos que nos presenta el futuro.
 
Ojalà asì se entienda.  Que la sensatez, la buena voluntad y el propio instinto de conservación comiencen a primar en el ànimo del liderazgo nacional, a fin de hacer un alto en las querellas mezquinas, el debate minúsculo, la zancadilla trapera que sufrimos dìa a dìa, para asumir los retos y oportunidades del presente y del porvenir con  elevado sentido de nación.
 
Posiblemente haya quienes piensen que estamos divariando o pecando de ingenuos con planteamientos de esta naturaleza.  Pero la cruda realidad es que...o lo hacemos asì y ganamos el derecho a un futuro promisorio de progreso y bienestar, o por el contrario ese mismo futuro sòlo nos habrà de deparar dificultades mayores y dìas aciagos y continuaremos siendo un pobre paìsito del Tercer Mundo, una republiquita bananera màs cargada de sueños cada vez màs distantes,  frustraciones màs y màs amargas y una  pobreza cada vez màs extendida y esclavizante.

 


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Jueves 28 de abril/ EL TIRO RAPIDO


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