Lunes
18 de abril/
EL TIRO RAPIDO
Desde
hace tiempo y en numerosas oportunidades, hemos venido señalando
el estado de permanente inseguridad en que se desenvuelve la vida
cotidiana en numerosos barrios de la Capital, Santiago y otras ciudades
del interior del paìs.
Esto asì, en razón de la proliferación y el poder de las
bandas que malhechores que pululan en esos barrios. Estas pandillas cometen
todo gènero de fechorías y por lo general disfrutan de los màs
amplios márgenes de impunidad, gozando en no pocas ocasiones de la connivencia
de las propias autoridades policiales encargadas de reprimirlas.
Recientemente el propio Jefe de la Policía Nacional revelò que
el cuerpo que dirige ha identificado la existencia de 482 bandas de antisociales
y 82 organizaciones criminales. Según admite el propio alto oficial
de la uniformada, unas y otras campean alegremente en todo el paìs.
Muchas de estas bandas y organizaciones son de tal nivel de peligrosidad y
disponen de tantos recursos que no temen hacer frente a los agentes del orden
pùblico de tù a tù, mostrando en no pocos casos mayor
capacidad de fuego que aquellos. No es extraño el empleo por parte
de estas bandas de metralletas Uzi, un arma de guerra creada y fabricada por
Israel y de uso comùn en sus Fuerzas Militares, asì como de otras
armas automáticas de modelos avanzados.
Ahora la entidad Justicia y Transparencia acaba de dar a luz pùblica
los resultados de una encuesta que avala con números la penosa condición,
el bajo nivel de seguridad ciudadana que prevalece en estos momentos en nuestra
sociedad. La percepción, la sensación de indefensiòn
en que se siente la gran mayorìa de la ciudadanìa frente a la
prevalencia de la delincuencia.
Los resultados del sondeo son contundentes. Nada menos que un 71 porciento
largo de los consultados declara que no se sienten seguros en los vecindarios
donde residen, en tanto un 43,6 porciento revela que ha sido vìctima
de algún tipo de delito.
Las principales causas del auge de la criminalidad son atribuidas por los encuestados
por su orden de importancia a la falta de personal y recursos de la Policía,
la poca presencia policial en las calles, los apagones y la impunidad judicial.
Otros datos de gran interés. Màs de un 39 porciento coloca
a la Iglesia a la cabeza de las instituciones que estàn cumpliendo su
misión en beneficio de la sociedad y un 26,6 porciento seleccionò a
la Justicia. La Policía Nacional y la Dirección de Control
de Drogas recibieron una percepción muy pobre, de apenas un dìgito.
Hoy el tabloide matutino El Caribe despliega, como información principal
de portada, el hecho de que las bandas imponen su ley en los barrios. No
es precisamente una noticia novedosa, pero sì reiterativa en cambio
sobre la gravedad del problema. Una situación que cobra de nuevo
actualidad, recordando su permanente vigencia y el carácter de prioridad
que reclama dentro de la agenda gubernamental.
Garantizar la convivencia pacìfica, dar seguridad a los ciudadanos de
que sus vidas,bienes y derecho a la tranquilidad y el sosiego constituyen màs
que simple reto a un cuerpo policial urgido de profundas reformas, de limpiar,
fortalecer, ampliar y dotar sus filas de mejor personal y a incrementar
el patrullaje en las calles, es todo un desafìo al Gobierno. De èste
se esperar la elaboración y puesta en marcha de toda una política
de Estado de orden pùblico y seguridad ciudadana que prevenga, controle
y reprima de manera eficaz la criminalidad.
Es lo que dice la encuesta que comentamos con la frialdad de los nùmeros.
Pero es lo que con calor reclaman a gritos los vecindarios del paìs
sometidos al imperio de los grupos de fascinerosos que comercian con drogas,
violan, asaltan, atracan, roban, golpean, asesinan, se matan entre ellos ocasionando
vìctimas inocentes y hacen de la vida de tantos un diario vìa
crucis. Los reclamos en fin, de una ciudadanìa que se siente desamparada
e impotente y que demanda del Estado la protección a la que tiene tan
elemental como sobrado derecho.
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Martes
19 de abril/
EL TIRO RAPIDO
Ayer acogimos en este espacio los resultados de la
encuesta llevada a cabo por la entidad Justicia y Transparencia sobre
el importante
tema de la seguridad ciudadana. Y señalamos que el hecho
de que màs del 71 porciento de los encuestados expresaran que
se sienten inseguros en sus respectivos vecindarios, confirma
una vez màs lo que en tantas ocasiones hemos advertido sobre
el estado de permanente y creciente zozobra en que se desenvuelve la
existencia comunitaria en un gran nùmero de barrios de la Capital,
Santiago y otras ciudades del paìs.
La proliferación de bandas de malhechores y organizaciones criminales
unido a la carencia de un cuerpo policial provisto de personal suficiente,
capaz y confiable, de adecuado equipamiento y de la necesaria confianza
y cooperación del pùblico asì como de una Administración
de Justicia eficiente y sancionadora, conforman un escenario de inseguridad
preocupante que después de un breve respiro que hizo alentar
algunas esperanzas de mejorìa, parece estar retomando fuerza.
Ahora mismo, como una nueva expresión de ese estado de indefensiòn
frente al auge de la criminalidad, la Asociación de Comerciantes
del Municipio Santo Domingo Norte anuncia la decisión de establecer
su propia estructura de autodefensa. Y en este sentido, advierte
que estàn en disposición de tomar justicia por propia
mano. De perseguir a los malhechores hasta sus madrigueras y
de llegar al punto de ejecutarlos. A ese fin, la entidad ha contratado
la adquisición de 2 mil 600 armas de fuego para equipar a un
cuerpo “èlite” que tendrà a su cargo garantizar
la seguridad de sus miembros.
Al hacer este anuncio de factura tan singular, el vocero de la entidad
comercial sustenta la dramática decisión anunciada en
el hecho de que varias decenas de comerciantes del municipio que representa,
han sido vìctimas de robos y atracos en los últimos tiempos
y media docena han perdido la vida a causa de esas acciones delictivas.
Los comerciantes atribuyen esta situación a la inoperancia e
ineficacia de la Policía Nacional por un lado. Y por el
otro, a la lentidad de la Justicia que su vocero refleja en una frase
muy gràfica, que recoge hoy el Listìn Diario en su edición
del dìa. “La Policía atrapa a los delincuentes,
pero al otro dìa los maleantes pasan por nuestros negocios,
sacándonos la lengua, se burlan de nosotros”.
Obviamente, la idea de crear lo que tendría todas las características
de un verdadero cuerpo parapolicial es contraria a la ley. Representarìa
un usurpación de funciones de orden pùblico que son privativas
de la Policía Nacional y por tanto, inadmisibles en el seno
de una sociedad organizada. Se justifica por tanto, la inmediata
respuesta del vocero de la institución, general Simòn
Dìaz, advirtiendo que no se permitirà la creación
de grupos ilegales con el alegado objetivo de combatir la delincuencia.
Esta posición es correcta. Permitir la integración
de contrabandas ciudadanas, de grupos armados de civiles operando por
su cuenta para enfrentar a las pandillas de antisociales, no puede
tener cabida en un Estado con instituciones, como es nuestro
caso. Si bien imperfectas en muchos aspectos, el reto es tratar
de mejorarlas pero en modo alguno suplantarlas.
Permitirlo serìa correr el riesgo de convertir el paìs
en una rèplica del Lejano Oeste Americano. O caer en situaciones
similares a las registradas en Colombia y Brasil, por citar dos ejemplos
relativamente recientes,donde el surgimiento de grupos paramilitares
y parapoliciales para combatir la narcoguerrilla y la delincuencia
respectivamente, degenerò en excesos que los convirtió en
autènticas pandillas de criminales. Màs cercano todavía:
colocar el paìs en el mismo nivel infortunado del vecino
Haití.
La otra lectura que se desprende de este acuerdo de los comerciantes
de Santo Domingo Norte es, como antes señalamos, una nueva y
desesperada muestra de hasta què punto la ciudadanìa
se siente desprotegida y angustiada frente al repunte de la delincuencia,
y a la urgente necesidad de que el gobierno envìe señales
claras, contundentes, definitivas de que està en disposición
y capacidad de controlar la criminalidad. De reducir su espacio
de acciòn al mínimo y de garantizar la vida, tranquilidad
y bienes de la ciudadanìa, lo que es una obligación primaria
del Estado, antes de que vayamos a caer en una situación insostenible
de caos en que la gente tenga que asumirlo por propia mano.
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Viernes
18 de
abril/ EL TIRO RAPIDO
Esta
semana, el habitual almuerzo que efectúa el Grupo de
Comunicación Corripio con representativos de diferentes sectores
de la vida nacional, contò con la participaciòn de
varios dirigentes de la Asociación de Representantes, Agentes
y Productores Farmacéuticos, màs conocida por las siglas
de ARAPF.
Y dentro del amplio abanico de temas que estos debieron enfocar bajo el exigente
escrutinio llevado a cabo con criterio muy profesional por el calificado equipo
de periodistas que intervino en el encuentro, destacò una situación
que, por su gravedad, hemos enfocado en diferentes oportunidades en nuestro Tiro
Rápido. Se trata de la proliferación de medicamentos ilegales.
Como tales quedan clasificados los fármacos introducidos al paìs
de contrabando, los vencidos que son reetiquetados con nueva fecha de vigencia,
los que se mercadean sin el debido registro sanitario y los adulterados.
El mercadeo de medicamentos ilegales se realiza a nivel mundial. Se estima
que al menos el 10 porciento de las medicinas que se sirven al pùblico
presentan esta condición. En ocasiones, han provocado verdaderas catástrofes.
Tal, por citar solo un caso, en Bangladesh donde la aplicación de un medicamento
que no contenìa la dosificación requerida para combatir una epidemia,
contribuyò a la muerte de miles de personas. El monto de este
negocio criminal màs que ilícito se estima por sobre cincuenta
mil millones de dólares anuales. Repetimos: màs de cincuenta
mil millones de dólares cada año, lo que da una idea de la
magnitud del mismo.
En el caso de Repùblica Dominicana, según la ARAPF, que ha
desarrollado una intensa campaña para enfrentar esta situación
con la últimamente màs diligente cooperación de
las autoridades sanitarias y fiscales, el càlculo es de entre setecientos
a ochocientos millones de pesos. La actividad delictiva se desarrolla a
travès de una extendida estructura a nivel nacional, que ha involucrado
a elementos influyentes en el plano político, autoridades uniformadas
y hasta miembros del Poder Judicial.
La gravedad del problema desborda los aspectos puramente económicos, fiscales
y de fraudulenta y desleal competencia comercial. Porque de por medio queda
en juego la salud y hasta la vida de los usuarios. Hay ejemplos sobrados. En
el paìs se han registrado muertes por la ingesta de medicamentos
adulterados.
Algunos casos de adulteraciòn: pastillas para controlar los niveles de
azúcar en los diabéticos que al ser analizadas lo que contienen
es precisamente...azúcar; antibióticos orales cuyo contenido real
es talco o que poseen una dosificación mucho màs baja de la requerida;
jarabes para niños con elevados niveles de contaminación y no aptos
para consumo humano. La lista en verdad, es interminable y evidencia la
absoluta falta de escrúpulos de los autores de estas autènticas
fechorìas.
Increíblemente esta actividad no es contemplada en la legislación
vigente como un delito criminal sino como una sencilla falta correccional. No
es de extrañar por consiguiente que, desenvolviéndose dentro de
un marco legal tan débil que casi equivale a impunidad, contando con las
complicidades que lo arropan y el volumen de cuantiosos beneficios que reporta, el
negocio de las medicinas ilegales haya prosperado hasta alcanzar sus escandalosos
niveles actuales.
Meses atràs se introdujo un proyecto de ley en el Senado para criminalizar
la comercializaciòn de medicamentos ilegales, con fuertes sanciones de
multa y prisiòn para los responsables. Pero el proyecto perimiò.
Es preciso ahora que cuanto antes sea revivido y reintroducido en la Alta Càmara. Allì,
al igual que en la de Diputados, debiera entonces conocerse y aprobarse de urgencia. Por
ello abogamos con calor en TELEDEBATE y solicitamos a los demàs medios
de prensa hacerse eco de esta demanda con sentido de apremio.
Porque no es posible que una actividad de esta naturaleza, un comercio tan infame
e inescrupuloso que pone en grave riesgo la salud y la existencia de los incautos
usuarios a màs de constituir una burla a su buena fe y una estafa a su
economía, continùe juzgàndose como una falta menor, en vez
de sus responsables recibir el fuerte castigo que debe corresponderles como autores
de un serio delito criminal con elementos agravados.
Porque de que merecen estar en la càrcel, lo merecen de sobra.
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