Lunes
11 de abril/
EL TIRO RAPIDO
Hablando ante un
grupo de sus seguidores en San Juan de la Maguana, el pasado sábado,
el ex Presidente Hipólito Mejìa acusò al actual
gobierno de estar silenciando una alegada crisis bancaria.
Las manifestaciones de Mejìa fueron ampliamente difundidas por la prensa
en forma destacada, dando lugar a una inmediata rèplica por parte de la
Asociación de Bancos Comerciales. En su respuesta, la entidad rechaza
de manera categórica que exista una crisis en este importante sector que
es la columna angular de todo el sistema financiero nacional.
Tal como expresa la Asociación, la banca dominicana està al presente
libre de toda sospecha y es, posiblemente, la màs confiable de la región
y de Latinoamérica. Después de las sonadas quiebras que afectaron
la credibilidad del sistema tres años atràs, los bancos nacionales
han estado sometidos a los màs rigurosos procesos de auditoria, tanto
a nivel local como internacional.
Oportuno es recordar que uno de los requerimientos del Fondo Monetario para firmar
el acuerdo stand by con el paìs, fue comprobar con sus propios técnicos
el manejo, estabilidad y solvencia de la banca nacional. Nada menos que
cuarenta auditores del Fondo estuvieron hurgando, verificando, volviendo patas
arriba nuestra estructura financiera para confirmar su estado de salud, rindiendo
al final, después de tan escrupuloso experticio, un informe favorable.
La aplicación del Código Monetario y Financiero, fruto de un prolongado
proceso de elaboración y consenso tanto como de procedimientos contables
y de auditoria pùblica y privada mucho màs rigurosos otorgan sello
de máxima confiabilidad a la respuesta de la Asociación de Bancos
a las manifestaciones, sin duda poco prudentes, de Mejìa.
A èste, quien el pasado fin de semana se mostrò fuertemente crìtico
del actual gobierno, nadie puede regatearle su derecho a expresarse libremente. Le
corresponde hacerlo tanto en su condición de ex mandatario en defensa
de su gestión sometida al presente a los màs duros cuestionamientos èticos,
como de censurar las actuaciones de la presente Administración desde su óptica
de dirigente opositor.
Pero el ejercicio político debe manifestarse en todo momento dentro de
un marco de responsabilidad. Con fronteras bien definidas y respetadas
que marquen la diferencia entre el interès del paìs y las conveniencias
partidarias y personales.
Y la salud y credibilidad del sistema financiero, siempre importantes, constituyen
al presente, por mùltiples y sobradas razones, un interès
fundamental de la nación que por su trascendencia económica, social
e institucional debe ser extrañada del debate político que en nuestro
paìs, por desgracia, como reflejo de la erosión de valores que
vivimos en todos los campos, tiende a deslizarse con suma frecuencia hasta niveles
irresponsables, cuando no francamente mezquinos.
La banca dominicana ha servido en numerosas oportunidades de tabla de salvación
para el propio Estado, al que ha facilitado cuantiosos recursos en situaciones
crìticas de iliquidez. Esto asì, a lo largo de los años
y en todos los gobiernos sin excepción. El propio Hipólito
Mejìa, cuando fue Presidente, hizo un amplio uso de esas facilidades crediticias.
Dejemos a los bancos y al sistema financiero al margen de disputas y conveniencias
partidarias. No arrojemos la menor sombra de duda sobre la situación,
manejo, fortaleza, credibilidad y liquidez de nuestra banca comercial. Porque
ademàs de ser injusto y no corresponder con la realidad, hacerlo resultarìa
una apuesta en extremo peligrosa y perniciosa para el paìs, en la
cual todos sin excepción saldríamos gravemente perjudicados.
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Martes
12 de abril/
EL TIRO RAPIDO
Este fin de semana
se dejò escuchar a travès de diferentes espacios de
comunicación al Director Ejecutivo de la Fundación
Institucionalidad y Justicia. Con palabra admonitoria, el vocero
de FINJUS llamò la atención sobre el grave estado de
erosión moral en que yace nuestra sociedad que, tal como expresò,
toca y contamina todos sus àmbitos e instituciones.
El licenciado Servio Tulio Castaños hablò alto y duro sobre el
recurrente tema de la corrupciòn, recordando que en los últimos
años no se ha producido ni una sola sentencia en los tribunales para sancionar
expedientes de esa naturaleza. De hecho, recordemos, y esto es de nuestra
propia cosecha, que en las ùltimas tres décadas sòlo se
ha originado un fallo de este tipo. El mismo, sin embargo, no estaba animado
en el fondo de ninguna finalidad moralizante sino que fue usado como simple movida política
para restar posibilidades electorales en esa ocasión al Partido Revolucionario
Dominicano.
Coincidentemente con estos señalamientos del alto ejecutivo de FINJUS,
el ex Vicepresidente de la Repùblica, Jaime David Fernández Mirabal,
quien en los últimos tiempos ha mantenido un perfil protagónico
muy moderado, reapareciò en el escenario pùblico dirigiendo tambièn
fuertes crìticas a la Administración de Justicia, a la que reprocha
no haber respondido a las expectativas que generò en el conocimiento y
manejo de los casos de corrupción.
Como punto de referencia, Fernández Mirabal echò mano al caso RENOVE. Y
al efecto, recordò que este expediente se iniciò durante
la pasada Administración en base al informe de auditoria del entonces
Controlar General, Federico Lalane José, calificado en justicia como un
profesional serio y competente. Lalane José detectò y sostuvo
públicamente las mùltiples irregularidades que a su juicio se registraron
en la realización del citado plan.
Es en base a tales informes que se instrumentò este expediente heredado
del pasado gobierno, lo que descarta el menor vestigio de posible persecución
política al ser puesto en marcha bajo la actual administración. Pese
a esa circunstancia y a que existen abundantes pruebas de dolo a la mano, se
queja Fernández Mirabal de que los implicados fueron liberados apenas
al siguiente dìa de haber sido apresados.
Es oportuno recordar que apenas la pasada semana el propio Presidente de la Suprema
Corte de Justicia, Julio Subero Isa, sorpresivamente admitiò que la Justicia
gratis es una ficción, porque en realidad en la mayorìa de los
paìses de América Latina, resulta cara y mala. No hay que
aclarar que entre esa mayorìa, figura nuestro paìs.
Con todo este marco referencial alimentado por la realidad del cúmulo
de expedientes por presuntos actos de corrupción que permanecen dormidos,
por lo general sòlo aireados de manera coyuntural màs que nada con
fines de chantaje político, y sobre los cuales no ha recaìdo un
solo fallo, como bien apunta el Director Ejecutivo de la FINJUS, no podemos alimentar
excesivas esperanzas de que la corrupción pùblica y privada no
continùe siendo arropada por la impunidad, como infortunadamente ha sucedido
hasta el presente, sobre todo en sus niveles màs elevados. Porque
tambièn en este escenario es comùn que la soga quiebre por lo màs
delgado.
Sin excusar la parte de voluntad política que corresponde aportar al gobierno
en la lucha contra la corrupción, ¿còmo esperar que
con la actual Administración de Justicia, salvo honrosas excepciones,
los actos de dolo cometidos por los poderosos vayan a ser penalizados?
¿ Que los autores de fraudes, contrabandos, escandalosos sobreprecios
en las obras pùblicas, comisiones y peajes en los suministros al Estado,
que quienes se han repartido alegremente el patrimonio pùblico en beneficio
propio, levantado multimillonarias fortunas a la sombra del poder, o en punible
alianza con elementos oportunistas y ventajistas del sector privado, vayan
a ser condenados a devolver sus bienes malhabidos y a pagar por sus delitos?
De cierto, no abogamos porque una Justicia arbitraria, festinada, selectiva ni
mucho menos reñida con las normas del Derecho. Pero es tambièn
cierto que hasta ahora no ha habido señales alentadoras de que los expedientes
por actos de corrupción, que asombran por la magnitud que se les atribuye,
sean despejados por vìa de fallos justos que no estèn influidos
por el presiones, influencias, amiguismo, soborno por un lado, ni el menor asomo
de prejuicio político o enemistad personal por otro.
Es de dudarlo y asì lo està percibiendo una parte cada vez màs
creciente y escèptica de la ciudadanìa. Bien quisiéramos
estar equivocados. Por desgracia, creemos que hay motivos màs que
sobrados para creer que el pronòstico no resulta el màs favorable.
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Miércoles
13 de abril/
EL TIRO RAPIDO
El destacado sociólogo
Frank Marino Hernández ha traído de nuevo a tema de
actualidad el controversial caso de Haití. Esto asì, al
plantear que si la clase política del territorio vecino no
logra superar sus agudas diferencias y su pueblo alcanzar niveles
de integración social al margen de la violencia estremecedora
a que apelan con tan sangrienta frecuencia, los paìses donantes
de ayuda y la comunidad internacional pudieran solicitar a la ONU
la instauración de un fideicomiso en su territorio.
El señalamiento del licenciado Hernández generò la pronta reacción del
ex cónsul haitiano Edward Paraison, bien conocido en el paìs por
su prolongada gestión diplomática entre nosotros, expresando su
oposición a esa alternativa de posible solución a la crisis haitiana.
Al rechazarla, Paraison asegura que en su paìs hay un consenso mayoritario
contra toda forma de protectorado y advierte además, que de ejecutarse se
derivarìan perjuicios para la Repùblica Dominicana que no especificò.
Son comprensibles sus aprensiones. El solo hecho de tener que acudir a
un fideicomiso como forma de superar una situación de crisis domèstica, siempre
resulta un bocado desagradable, una amarga y frustrante forma de admitir incapacidad
para resolverla con los propios medios.. Por consiguiente, quiérase
que no, conlleva la sensación de cierta reducción o suspensión
temporal del concepto de soberanìa.
Pero la cuestión que se plantea como dilema, desde un plano realista,
es si Haití, en sus presentes condiciones, es capaz de superar por propia
iniciativa y fuerzas sus casi ancestrales problemas. Estos, bueno
es enfatizarlo, no son sòlo ni principalmente políticos, sino de
carácter económico y social, ecológico, educativo, sanitario,
institucional y de orden pùblico. Su amplitud y persistencia hacen
de todo punto imposible implantar y sustentar tan siquiera una ficción
de democracia, cuyos repetidos ensayos hasta ahora han concluido en rotundos
fracasos.
No puede olvidarse que el territorio vecino figura como el paìs màs
pobre del Continente y entre los màs miseriosos del mundo. Entre los màs
enfermos, atrasados y con menos posibilidades de poder salir por su propio impulso del
estado de postración en que se encuentra desde hace años, cuya
precaria sobrevivencia depende en gran medida de la ayuda internacional.
Con màs del noventa porciento de su población sumida en real o
muy cercana situaciòn de indigencia, un sesenta de analfabetismo, màs
de la mitad de su población carente de empleo o de ingresos estables,
la mayor parte de su territorio afectado por la deforestaciòn y los màs
altos índices de SIDA, tuberculosis, malaria y otras enfermedades letales
o crónicas, la posible recuperación de Haití como Estado
e integración como sociedad constituyen retos de incalculables dimensiones.
¿ Està acaso la clase política haitiana, fragmentada en
màs de un centenar de partidos y grupúsculos y carente de
un liderazgo aglutinador en capacidad de afrontar y superar ese gran desafìo?
¿ Se puede creer ingenuamente que la comunidad internacional, los paìses
màs ricos y poderosos del planeta, que poseen recursos de sobra para regalar
pero que no los entregan alegremente y teniendo que rendir cuentas a sus respectivos
contribuyentes, van a destinar fondos de manera indefinida para la dudosa rehabilitación
de Haití entregándolos en manos tan poco fiables, como son las
de un estado colapsado y una sociedad profundamente dividida y en proceso de
desintegración como tal?
Guste o no, hoy por hoy y desde hace mucho tiempo, bajo las condiciones prevalecientes
Haití es un estado inviable, carente de unidad, autoridad e instituciones
mìnimamente estables. Una porciòn de tierra en gran parte
desertificada,habitada por por millones de seres que, en su inmensa
mayorìa, deambulan atrapados en la camisa de fuerza de la miseria,
el atraso, la enfermedad, la desesperanza y el vano sueño de una redención
sin horizontes. Y que, como elementos agravantes, le suma el servir de
guarida y centro de operaciones al narcotráfico internacional y
es escenario propicio de todo gènero de actividades delictivas.
Y guste o no, la ùnica opciòn visible que se ofrece al pueblo vecino,
hermano en la medida en que se dejen atràs resabios històricos
y afanes de supremacía, es a nuestro juicio, planteada desde mucho antes
y coincidente con la que señala Frank Marino Hernández,la
fòrmula de un fideicomiso bajo la sombrilla y directa supervisión
de la ONU. No una irritante y grosera forma avasallante de intervención,
sino un solidario compromiso internacional sustentado en el màs
generoso apoyo económico, técnico y gerencial que pueda poner en
ejecución un ambicioso programa de rescate económico y social,
con énfasis en la generación de empleos,la salud y la educación.
Una verdadera operación rescate destinado a librar a Haitì de su
angustiosa y larga agonía.
Ciertamente, como hemos dicho en tantas ocasiones, todo lo que ocurre en Haití tiene
que ser motivo de interés, seguimiento y preocupación de
este lado de la frontera,donde conviven muchos nacionales de esa orilla. Màs
que por vàlidas razones de solidaridad y humanitarismo, para nuestro paìs,
por la razón suprema de su propia sobrevivencia, debe ser Haití un
tema de permanente y máxima prioridad dentro de nuestra agenda internacional,
como tambièn lo es el contribuir en la mayor medida posible a
su estabilidad y progreso. Y dentro de esta óptica, con toda honestidad,
no visualizamos al presente ninguna otra opciòn, fuera del fideicomiso, para
que al paìs vecino se le abra la oportunidad dejar atràs la interminable
crisis en que vive sumido, lo que para nosotros, por sobradas y obvias implicaciones,
pudiera llegar a representar tambièn una opciòn de vida o
muerte.
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Viernes
15 de abril/ EL TIRO RAPIDO
Por
la evidente significación que representa para el paìs
en el orden económico y social, hay que darle cuidadoso seguimiento
dìa a dìa, paso a paso, a la marcha del Tratado de
Libre Comercio con Centroamérica y los Estados Unidos. Dentro
de este contexto, es preciso llamar la atención sobre el desarrollo
de la primera vista que se llevò a cabo el pasado miércoles
en el Senado Norteamericano para la discusión del mismo.
En esta vista inicial, se confirmò lo que ya habìamos venido
avanzando y comentando aquì, desde hace bastante tiempo. Esto
es: la resistencia que està encontrando la Casa Blanca, el gobierno
del Presidente Bush, para lograr una rápida ratificación de este
controversial convenio, aprobado y firmado por nuestro paìs pràcticamente
al vapor con irresponsable ligereza, y en franca desventaja para nuestros
sectores productivos.
La oposición al Tratado de Libre Comercio, los escollos que se han levantado
en la Alta Càmara Legislativa Norteamericana, no responden sòlo
a una firme posición de la bancada demócrata. Esta refleja
las inquietudes y el rechazo de los poderosos sindicatos obreros estadounidenses, que
ven con creciente preocupación la pèrdida de miles de puestos
de trabajo debido al constante flujo migratorio de las grandes empresas y corporaciones
de su paìs hacia tierras tercermundistas, atraídas por
el bajo costo de la mano de obra y los generosos incentivos fiscales que se
les otorgan.
Senadores de la franquicia republicana, o sea del partido de gobierno, tambièn
estàn recibiendo y acogiendo estas presiones del sector laboral, pasando
a hacer causa comùn con sus colegas demócratas para cuestionar
el Tratado y sus posibles consecuencias negativas para la clase trabajadora
norteamericana.
Al mismo tiempo y de manera coincidente, mientras esto ocurrìa en el
Senado de los Estados Unidos, en el nuestro se aprobò en primera lectura
un proyecto de ley del representante por La Romana, Enrique “Chino” Seijas. Este
està orientado a crear un marco fiscal adecuado para que nuestros
productores industriales, agropecuarios, agroindustriales y artesanales
puedan hacer frente a la hoy ruinosa competencia de los centroamericanos y
la que se avecina, por vìa del Tratado, por parte de los ganaderos y
agricultores norteamericanos que reciben subsidios de su gobierno por màs
de cuarenta mil millones de dólares.
Hay que saludar esta posición del Senado de la Repùblica. La
firme decisión que ha demostrado en todo este proceso de honrar el pùblico
y reiterado compromiso que hizo de no ratificar el Tratado sin previamente
aprobar las compensaciones para nuestros amenazados productores.
En esta dirección, cabe rechazar vigorosamente los paradójicos
reclamos y presiones de quienes, atendiendo exclusivamente a sus intereses
grupales y personales, quieren llevar el paìs a la ratificación
del Tratado tan a la carrera como fue tramitado y firmado para meternos en
el hoyo en que ahora estamos.
Con independencia de que pueda ser ratificado o rechazado a mayor o menor plazo
por el Congreso Norteamericano, este Tratado que tiene muy poco o nada de libre
y sì mucho de impuesto, defender y preservar la producción nacional
en todos sus frentes y niveles debe ser asumido como misión primordial
por el Estado, un autèntico y prioritario compromiso de nación,
alrededor del cual unir la voluntad polìtica del gobierno y el Congreso,
el reto de competencia y superaciòn de los productores y el apoyo pleno
del paìs.
El tema y el momento son de prudencia y firmeza. Porque si no nos ponemos
las pilas y nos apretamos el cinto para defender con uñas y dientes
nuestra base productiva industrial, artesanal y rural, estaremos poniendo
en riesgo cientos de miles de puestos de trabajo, los medios de subsistencia
de millones de dominicanos y hasta la propia soberanìa nacional.
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