Martes
15 de
febrero/ EL TIRO RAPIDO
El Procurador
General de la Repùblica en declaraciones ofrecidas al matutino Hoy ha
anticipado que su despacho està preparando ocho expedientes
que califica de “muy importantes” sobre casos de corrupción.
Estos involucrarìan a ex funcionarios gubernamentales de pasadas
administraciones.
El doctor Francisco Domínguez Brito revelò tambièn que esta
misma semana solicitarà iniciar el juicio por presunto desfalco en el
Plan Renove. Se trata de un caso que se encuentran bajo serios cuestionamientos
desde que comenzò a implementarse durante el gobierno que presidiò Hipólito
Mejìa. Este expediente ofrece aristas muy escandalosas que
implican tanto a figuras de ese régimen como a dirigentes choferiles y
sectores del transporte.
El alto funcionario fiscal señalò además que casos que permanecen
dormidos como el de Bahìa de las Aguilas, deberán ser retomados. Este,
bueno es recordarlo, se abriò precisamente a comienzos de la anterior
gestión del Presidente Leonel Fernández. Por èl guardò prisión
por algún tiempo, quien fuera director del Instituto Agrario Dominicano
en el ùltimo y recortado perìodo de poder del extinto Presidente
Joaquín Balaguer.
El doctor Domínguez Brito en sus declaraciones diò tambièn
seguridades de que en la presente administración existe una firme y definida
voluntad política para prevenir, combatir y sancionar la corrupción.
Se trata de un mensaje oportuno, alentador, porque vale señalar que ya
en estos momentos, a seis meses de haber iniciado su actual mandato el Presidente
Leonel Fernández, hay quienes estàn comenzando a expresar dudas
de que exista verdadero interés en enfrentar la corrupción. Se
llega a especular inclusive, sobre posibles arreglos políticos y
tràfico de influencia. Algunas de estas voces proceden de litorales
afines al partido oficialista y apoyaron su candidatura en los pasados comicios.
Hacer frente a la corrupción en todas sus formas, como son el contrabando,
el fraude eléctrico, el cobro de comisiones en contratas del Estado, de
peaje para el pago a los suplidores, de abultamiento en el costo de las obras
pùblicas, la venta de terrenos del CEA y de otros bienes del patrimonio
comùn a precios viles, entre otras, fue una firme promesa de campaña
electoral del hoy Presidente Leonel Fernández.
Es tambièn
una legìtima, sentida y creciente aspiración del pueblo
dominicano al que se le ha creado la conciencia de que la mayor parte
de los males que nos aquejan y de la marginalidad en que malviven
tres o màs millones de ciudadanos, se deben a la corrupción.
Es cierto que en este sentido, se han recibido algunas señales positivas. Tales
son las acciones moralizantes emprendidas por Miguel Cocco al frente de la
Dirección General de Aduanas y el empeño puesto por Juan Hernández,
al frente de Impuestos Internos, para ampliar la base de los contribuyentes
y combatir la evasión.
Pero otras en cambio, dejan mucho que desear. Bastarìa como ejemplo
citar el caso de los vehículos recuperados por la Policía Nacional
y entregados arbitrariamente a oficiales y miembros de la institución
en vez de devolverlos a sus legítimos dueños. Se trata
de un expediente, del que después de abierto al pùblico a travès
de los medios de comunicación, no se ha vuelto a hablar y que parecerìa
haber caìdo en un limbo.
En el limbo tambièn se encuentran en los archivos del DEPRECO, alrededor
de doscientos expedientes por diversos actos de presunta corrupción. Algunos
de ellos tienen una data de antigüedad de doce y hasta màs años.
Frente a este cuadro de inacción, las manifestaciones del doctor Domínguez
Brito, quien goza justa fama de ser un funcionario serio y capaz, abren un
nuevo compàs de esperanza de que la maquinaria de la Justicia se pondrà en
marcha para retomar el anhelado camino que nos conduzca al fin de la impunidad. Esto
asì, para poner tèrmino al festival de latrocinios de que ha
sido vìctima el paìs a lo largo de tantos años y a la
interminable era de las “vacas sagradas” que siempre han escapado
indemnes a sus graves culpas y delitos.
Las declaraciones del Procurador General de la Repùblica y las intenciones
del gobierno para enfrentar la corrupción y sanear no sòlo la
Administración Pùblica sino tambièn el pleno social, quedan
sometidas a la prueba del tiempo que nos dirà si unas y otras se traducirán
en la anhelada realidad que està esperando la gran mayorìa de
los dominicanos.
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Miércoles
16 de
febrero/ EL TIRO RAPIDO
Cuando
Quirino Paulino fue sacado sorpresivamente de la càrcel de
Najayo para ser devuelto a una celda de la Dirección Nacional
de Control de Drogas alegando las autoridades razones de seguridad
al tener informes de que existìa un complot contra su vida,
se originò un situación de carácter jurídico.
Se acusò entonces al Procurador General de la Repùblica de haber
incurrido en desacato. Esto asì, por cuanto estaba desconociendo
cuatro fallos judiciales dictados en otras tantas instancias disponiendo el
envìo del prevenido a la càrcel pùblica, y por consiguiente
violando los derechos de èste.
En esa oportunidad, el que parece ser cabeza y vocero de la barra de defensa
de Paulino, el conocido abogado Carlos Barcàcel anunciò que se
iba a querellar contra el Procurador Francisco Domínguez Brito por la
antes señalada razón.
Sin embargo, tan sorpresivamente como fue devuelto de Najayo a Control de Drogas
lo que motivò a sus familiares a llamar a los medios de comunicación,
incluyendo TELEDEBATE, para externar su preocupación por un posible
secuestro, el propio Paulino diò instrucciones a sus defensores de no
emprender ninguna acciòn contra Domínguez Brito. Màs
aùn: se mostrò conforme con el traslado.
Ahora, al cabo de varios dìas de ese hecho, el mismo doctor Balcàcer
ofrece detalles sumamente preocupantes sobre la trama montada contra la vida
del hombre a quien la DEA norteamericana identifica con el apelativo de “El
Don” y cuya extradición està reclamando con gran insistencia.
De acuerdo a lo expresado por el doctor Balcàcer, el Procurador General
de la Repùblica habrìa convencido a Paulino de aceptar su permanencia
en su celda de la Dirección Nacional de Control de Drogas al informarle
que en la trama contra su existencia estarìan participando ex agentes
y oficiales en activo de dicho organismo.
Obviamente lo relatado por el defensor de Paulino es de una gravedad extrema
si, como asegura le confiò la máxima autoridad fiscal a su representado,
las autoridades poseen evidencia confiable de que miembros del propio organismo
antidrogas serìan los encargados de darle muerte.
De esta forma, al silenciarlo, se estarìa llevando a la tumba informaciones
vitales de las cuales debe disponer Paulino, que son indispensables para poder
llegar al fondo de este caso y desmontar lo que por simple lógica tiene
que ser una estructura mucho màs compleja y amplia que el reducido grupo
de personas que han sido detenidas y dentro de la cual deben existir niveles
de importancia que igualen o excedan a la de Paulino.
En el relato del doctor Balcàcer sin embargo, hay algo que no
cuadra y motiva a una obligada pregunta que requiere una respuesta aclaratoria. Esto
es: si dentro de la propia Dirección Nacional de Control de Drogas existen
elementos en activo vinculados al plan para asesinar a Paulino, ¿què garantía
para su vida representa entonces el mantenerlo retenido precisamente en ese
mismo departamento?
Como los señalamientos de Balcàcer por otra parte, involucran
directamente al Procurador General de la Repùblica cabe ahora esperar
la reacción de èste. Las revelaciones del abogado defensor
del inusitadamente pròspero ex capitán del Ejèrcito, al
que se atribuye una fortuna de màs de tres mil millones de pesos, son
de tal naturaleza que el doctor Domínguez Brito deberà decir
si responden o no a la realidad.
Mientras tanto, el caso Quirino, cuyo proceso de extradición aùn
està pendiente, pese a haber sido desplazado en los últimos dìas
como información principal por el controversial proyecto del Metro,
continùa sin embargo, ocupando unespacio de importancia dentro de la
actualidad noticiosa nacional.
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