Lunes 7 de febrero/ EL TIRO RAPIDO

El caso Quirino Paulino sigue dando que hablar.  Ahora debido al nuevo traslado del alegado capo del narcotráfico de la càrcel de Najayo, adonde habìa sido remitido por fallo judicial a las celdas de la Dirección Nacional de Control de Drogas.  La justificación dada por el Procurador General de la Repùblica para esta medida ejecutada de manera sorpresiva el pasado viernes, es que las autoridades habìan recibido informaciones confidenciales de que un cartel internacional tratarìa de atentar contra la vida del ex capitán.
 
La versión del posible atentado ha venido barajándose desde el principio de este caso.  Esto asì, ante la posibilidad de que ya aquì, si se juzga localmente, ya en los Estados Unidos, si se decide la extradición, Paulino pudiera llegar a un trato con las autoridades a base de brindar informes sobre sus contactos, identificar a todos o una gran parte de los elementos vinculados a la voluminosa operación de drogas que se le atribuye.
 
Desde el punto de vista estrictamente jurídico, la decisión fiscal choca con reiterados fallos judiciales en diferentes instancias, incluyendo la Suprema Corte, disponiendo el envìo de Paulino a la càrcel de Najayo.  Esto ha llevado a sus abogados a anunciar una querella por desacato contra el Procurador General de la Repùblica.
 
¿ Cuàl criterio debe prevalecer?
 
En el orden pràctico queda a debate si en un caso tan especial como èste, debe primar la posición dogmática de cumplir de manera inexorable los fallos judiciales a despecho del riesgo que pudiera correr la integridad física de Paulino, o si por el contrario, la medida cautelar de devolverlo a la sede de la Dirección Nacional de Control de Drogas bajo la consideración de que èsta ofrece mejores condiciones para garantizar su existencia que la càrcel pùblica.
 
Ahora bien.  El caso Paulino tiene otras implicaciones de mayor amplitud y trascendencia y es que pone en juego y entredicho la capacidad de las autoridades de llevar las investigaciones hasta sus ùltimas consecuencias, caiga quien caiga, y la disposición de nuestro Poder Judicial de juzgar este expediente con estricto apego a la justicia, al margen de presiones, infuencias y amiguismos, sin arropar vacas sagradas.
 
La eficacia de la Justicia Dominicana es tema que està precisamente a discusión en estos dìas.  Tanto asì que una funcionaria de nivel de la embajada de los Estados Unidos, como es Elena Brinneman, llegò al punto de externar públicamente sus dudas en tal sentido, dando lugar a una àcida reacción del Presidente de la Suprema Corte emplazando a la sede diplomática a señalar los jueces corruptos.  La posterior rectificación del propio Embajador de los Estados Unidos alegando que la señora Brinneman habìa sido “mal interpretada” no logrò eliminar totalmente el mal sabor que dejò dicha declaración.
 
Hoy mismo el Listìn Diario divulga un amplio reportaje del Miami Herald sobre el caso Paulino.  El mismo contiene algunas inexactitudes como es la de afirmar que el ex capitán era “un estrecho colaborador del ex Presidente Mejìa. 
 
El reportaje del  influyente diario norteamericano que figura entre los cinco principales de Norteamérica, plantea serios cuestionamientos a la justicia dominicana basándose precisamente en las declaraciones de la funcionaria diplomática y en el hecho de que según expone, “un 80 porciento de los casos de narcotráfico han sido descargados por tecnicismos” en los tribunales dominicanos.
 
Pero además, el Herald revela otro hecho inquietante, ignorado aquì hasta ahora, y es el hallazgo en una de las residencias intervenidas a Paulino, de un expediente de la DEA, lo que señala como una clara evidencia de los niveles locales de complicidad de que disfruta el alegado capo.
 
Hoy en cambio, aparece en el Diario Libre un analítico editorial de ese excelente periodista y escritor que es su director, Adriano Miguel Tejada, llamando la atención sobre el hecho de que juzgar a Paulino en los Estados Unidos sòlo pondría en evidencia aquellas situaciones y nombres que sean del interés de la justicia norteamericana y no de nuestro paìs.  En consecuencia, aboga porque el expediente sea conocido y juzgado aquì lo que pondría a prueba de pantalones largos nuestro Poder Judicial.
 
Queda pues el tema a discusión de si se debe extraditar para juzgar el caso allà o por el contrario debe ser resuelto aquì, lo que pudiera darnos la medida de hasta què punto, tal como sostiene el presidente de la Suprema Corte de Justicia, nuestros jueces estàn revestidos de la transparencia, coraje y eficacia para fallar con estricto espíritu de justicia y apego a la ley,  un caso tan espectacular y complejo como èste, sin timideces ni flojeras, obviando subterfugios y tecnicismos que impidan llegar al fondo del mismo con todas sus ramificaciones.

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Martes 8 de febrero/ EL TIRO RAPIDO

Ayer, tal como se habìa avanzado, el Consejo de Gobierno focalizò su agenda de trabajo en las àreas de educación y cultura.  A la conclusión de una prolongada sesiòn que se extendió por espacio de varias horas, se anunciò la decisión gubernamental de invertir cinco mil 700 millones de pesos en diferentes programas y proyectos, con especial énfasis en facilitar el acceso a la escuela de los estudiantes provenientes de hogares de bajos recursos y a mejorar en sentido general los niveles de docencia en el paìs.
 
Entre los programas que seràn favorecidos, figura en primer tèrmino la ampliación del desayuno escolar a un millòn 700 mil raciones diarias.  Se trata de un elemento clave para garantizar una elevada asistencia escolar ya que el desayuno en las escuelas constituye para muchos de entre quienes lo reciben, un ingrediente esencial en su precaria dieta alimentaria.
 
Otra inversión a destacar es la destinaciòn de 185 millones de pesos para sustanciar un programa de superaciòn que cubrirà a unos 32 mil maestros.  Gùstenos o no, hay que reconocer que el nivel de capacitaciòn de no pocos educadores, aùn en los mismos niveles medio y superior, deja bastante que desear.  No es una afirmación aventurada y ni caprichosa sino una realidad comprobada.  Ampliar el grado de conocimiento del cuerpo docente es fundamental para que pueda desempeñar su importante labor educativa y formativa a niveles aceptables.
 
El fortalecimiento de la indispensable participación comunitaria en los planes educativos dispondrà de 630 millones de pesos, mientras una suma casi similar, 628, permitirà la impresión de 7 millones de libros de texto y 10 millones de guìas didácticas.
 
El campo de la cultura tambièn resultò priorizado en la sesiòn del equipo ministerial de ayer.  Diferentes obras y programas servirán para ampliar el horizonte cultural del pueblo dominicano desde una perspectiva masiva y no elitista.
 
La construcción de un nuevo Archivo General de la Nación, la reconstrucción de esa hermosa estructura clásica que es el Palacio de Bellas Artes, la remodelación de la sede que ocupa la Biblioteca Nacional bastante venida a menos y el remozamiento general de la Plaza de la Cultura forman parte de los acuerdos adoptados.
 
A lo anterior hay que sumar el respaldo a la Feria Internacional del Libro, ya a pocas semanas de ser inaugurada, ahora en su nueva ubicación de la propia Plaza de la Cultura, y como  novedoso y de mucha promesa, el fomento de la industria nacional del cine que abrirà campo al ya probado y exitoso talento local al tiempo de realizar proyectos conjuntos con el cine internacional aprovechando los atractivos naturales y ventajosas facilidades que ofrece el paìs.
 
Desde siempre se ha venido insistiendo en la necesidad de prestar atención preferente al desarrollo y mejoramiento de la educación y la cultura en Repùblica Dominicana.  Es un señalamiento repetitivo destacar que nuestra inversión en este campo es insuficiente y bastante inferior al nivel recomendado de entre un 5 y un 6 porciento del Producto Interno Bruto. El porcentaje de recursos que destinamos a estos fines es tambièn màs bajo que el destinado por otros paìses que se sitúan en nuestro mismo nivel económico.
 
Otra verdad incuestionable y tambièn repetida hasta el cansancio, es que la brecha educativa y cultural que acusamos entre la meta necesaria y la penosa realidad es uno de los mayores obstáculos que entorpecen alcanzar el progreso y bienestar a que aspiramos.  Ir cerrando esta brecha, cubrir los vacíos, las deficiencias y fallas que arrastramos en ambos aspectos es esencial, prioritario, urgentísimo si queremos que el paìs salga adelante.
 
De ahì que haya que saludar como positivo el hecho de que el gobierno, en medio de tantos apremios como enfrentan el Estado y el paìs en un año de pesadas cargas y desafiantes retos, envìe una señal de atención preferente tanto a la educación como a la cultura.
 
De por medio queda la duda de si el gobierno dispondrà de los recursos necesarios para que sus intenciones y decisiones puedan implementarse con la debida diligencia, y si permitiràn que tanto la educación como la cultura sigancompartiendo en el futuro junto con la salud, el orden pùblico y la lucha contra la pobreza sitiales de cabecera en la sobrecargada agenda oficial.

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Miércoles 9 de febrero/ EL TIRO RAPIDO

Hoy, por nueva vez, una màs, el paìs abriò los ojos a otro amanecer para encontrar cerrados los hospitales públicos y del Seguro Social.   El reclamo fundamental que enarbola el gremio profesional, que motiva a su junta directiva, es el incremento salarial màs allà del 30 porciento de aumento general dispuesto para los empleados públicos y negociado para el sector privado.
 
Digan lo que digan el doctor Waldo Suero y sus màs cercanos acólitos y aùn cuando hagan convoyar esa demanda de otros reclamos aparentemente màs altruistas, como es dotar a los hospitales públicos de suficientes medicamentos y materiales desechables y bajar el monto de la cuota de recuperación que se pide a los pacientes, lo cierto es que todo este conflicto tiene como motivación y gira alrededor del planteamiento salarial.
 
Hemos señalado en otras ocasiones que los mèdicos que laboran en los hospitales públicos y del Seguro Social merecen retribuciones mucho mejores que las que estàn percibiendo.  Ponemos especial énfasis en el tèrmino “laboran” porque en tanto hay galenos, sobre todo los internistas, que agotan largos y trabajosos turnos, hay otros que casi apenas solo asoman el rostro a la hora de recibir sus cheques.  Esta realidad hace vàlida la norma sugerida de que en el futuro los emolumentos que reciban los mèdicos del sector pùblico responda a su productividad, a su rendimiento, en lugar de un salario fijo.
 
Ahora bien,  las interrogantes y los planteamientos que hemos hecho en otras oportunidades frente a este mismo tema, continúan estando vigentes.
 
¿Què culpa tienen los pobres de este paìs, los que no disponen de recursos para atender sus vitales necesidades de salud en los consultorios y clìnicas privados de la confrontación no resuelta entre las autoridades sanitarias y el gremio mèdico?
 
¿Por què tienen que ser cautivos, usados prácticamente como rehenes por los directivos del Colegio Mèdico para sustentar sus demandas salariales, por justas que puedan ser? ¿De què derecho estàn asistidos para abusar de ese modo de gente inocente?
 
¿Por què a los trabajadores inscriptos en el Seguro Social, que cotizan obligatoriamente a ese organismo, se les niegan atenciones profesionales por las que han prepagado y a las que tienen legìtimo derecho?
 
¿Còmo es posible que el doctor Suero y compartes echen al safacòn el compromiso que asumieron al pronunciar el Juramento Hipocràtico que es como el código moral de la profesión?  ¿Es que no vale nada ese código o que fue jurado en falso?
 
Bien màs que bien que los mèdicos aspiren a un mejor nivel de vida a que tienen sobrado derecho y que luchen por alcanzar sus metas de progreso.  Pero mal, màs que mal que acudan a un mecanismo de lucha que envilece su causa, le resta toda nobleza al ejercicio de su profesión, es una mezquina negación del màs elemental sentido de solidaridad humana y pone en riesgo la salud y la vida de gente inocente, de los sectores màs desposeídos de la población que son precisamente los màs vulnerables a las enfermedades.
 
Una vez màs insistimos en que el gremio mèdico tiene que renunciar a seguir utilizando métodos de reclamo como es el cierre de los hospitales, abusado y cada vez màs descalificado, y que en vez de apoyo y simpatía a su causa le generan por el contrario rechazo y antipatía.
 
Y una vez màs tambièn apelamos a las autoridades sanitarias para que en este caso actúen con la mayor prudencia y flexibilidad a la búsqueda de posibles fòrmulas alternativas de solución, en el claro entendido de que ahora mismo el Estado no dispone de los recursos necesarios par satisfacer las aspiraciones salariales en la medida que plantea el gremio profesional.
 
Pero como consigna y meta reiteramos que ni una huelga mèdica màs.  Ni planteada por la directiva de su gremio ni permitida por el gobierno.  Porque los pobres de este paìs, que son muchos, tambièn tienen derecho a la salud.  Un derecho que en su caso debiera tener sello de mayor prioridad por su estado de indefensiòn y marginalidad.

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Jueves 10 de febrero/ EL TIRO RAPIDO

La proyectada, publicitada y polémica obra del Metro de Santo Domingo ha desplazado como principal noticia de actualidad al sonado caso de drogas que involucra a Quirino Paulino, que durante varias semanas ha venido ocupando prácticamente a diario los titulares principales de portada de la prensa escrita nacional.
 
Desde que se anunciò la intención de construir un metro para facilitar el trànsito urbano en la cada vez màs congestionada ciudad capital, que posibilitara agilizar el desplazamiento de los usuarios a un costo màs accesible, se originò toda una oleada, un verdadero avispero de opiniones discrepantes.
 
Tanto desde el litoral profesional como del frente de transporte, sectores económicos y ecologistas entre otros, se han levantado voces favoreciendo en unos casos y adversando en otros el proyecto del metro, en ocasiones aùn antes de conocer el mismo en detalles.  No han faltado tambièn las que se han levantado acusando una tònica donde la emoción ha privado sobre la razón.
 
En este coro, se ha dejado escuchar tambièn la voz del representante local del Fondo Monetario Internacional, Ousmendy Jacques Mandeng.  Su intervención le diò diò un nuevo giro al tema,  al expresar que esta obra pudiera afectar el acuerdo stand-by suscrito en dìas recientes con ese organismo ya que la misma no estaba incorporada a su texto.
 
El impacto atribuido a estas manifestaciones por la calidad del señor Mandeng y el velo de dudas que arrojò sobre la posible permanencia del convenio con el Fondo Monetario, dio lugar ayer a una inesperada rueda de prensa ofrecida por el Gobernador del Banco Central.
 
Funcionario muy competente pero tambièn muy parco y de escaso protagonismo pùblico, el licenciado Héctor Valdez Albizu dejò en claro y de manera categórica que el convenio suscrito con el organismo internacional, si bien le impone lìmites al gobierno en cuanto a los montos de inversión de que podrà disponer tanto de fuente local como de financiamiento internacional, no le resta el derecho a decidir, de manera soberana, en cuàles obras emplearà esos recursos.
 
Es evidente que las expresiones de Valdez Albizu no sòlo constituyen una refutación a las declaraciones del señor Mandeng, sino que representan tambièn una nueva señal nítida, terminante de lo que a todas luces es una firme decisión del gobierno de acometar la construcción del metro.
En lo que hasta ahora sì parece haber consenso es en la necesidad de enfrentar en el màs breve plazo y con previsor criterio futurista, el problema del tràfico vehicular y la recomposiciòn urbanística de la ciudad capital cuyo crecimiento irregular, desordenado, caótico ha sido la norma en todos estos años hasta terminar por arrabalizarse en gran medida.  La cuestión nodal reside en còmo hacerlo.
 
En el caso especìfico del metro, dadas sus muchas implicaciones de todo orden, los ciudadanos que en definitiva tendremos que pagar el costo de esta obra si en definitiva persiste la decisión de llevarla a cabo, sufrir las inconveniencias derivadas de los trabajos de construcción con la contrapartida de resultar potenciales beneficiarios de la misma, tenemos derecho a reclamar que el proyecto sea conocido en toda su amplitud.    Esto asì para que pueda ser sometido a un exhaustivo ejercicio de sana crìtica y evaluación de su relación costo-beneficio asì como de consideraciòn de posibles opciones alternativas.
 
Nosotros carecemos de los conocimientos indispensables para opinar con responsabilidad a favor o en contra de esta controversial obra.  Pero sì tenemos el derecho y tambièn el deber de reclamar esa discusión amplia, abierta, desprejuiciada en cuyo marco se dejen escuchar opiniones calificadas, criterios racionales, argumentos vàlidos que noestèn contaminados por el populismo, la improvisación y la demagogia.
 
Sòlo de este modo podremos tener una idea cabal, acabada del Metro de Santo Domingo, teniendo en la balanza los presuntos beneficios frente a las posibles desventajas del mismo tanto en términos económicos como sociales y ecológicos.

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