Martes 1o. de febrero/ EL TIRO RAPIDO

El Procurador General de la Repùblica, Francisco Domínguez Brito, ha instruìdo al Procurador Fiscal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, investigar los actos de venta de terrenos del CEA, sobre todo en el proceso de transición, a fin de verificar las condiciones en que se efectuaron esas operaciones.
 
Esta experticio serà realizado en coordinación con la oficina de Prevención de la Corrupción, DEPRECO, ante la presunción de que algunas de esas transacciones hayan sido realizada de manera irregular.
 
Como referente se cita el caso de la Constructora Hernández Paulino, empresa a la que el CEA traspasò trece millones de metros cuadrados de terrenos que eran propiedad del consorcio estatal azucarero, a 60 pesos el metro.  Una operación que totalizò 821 millones 500 mil pesos.
 
En sus inicios se habia informado que la adquisición de estos terrenos tenìa como finalidad desarrollar un proyecto de urbanización.  Pero ahora se revela que lo que en realidad ocurriò es que la firma compradora revendiò los mismos a 285 pesos el metro a las pocas semanas, casi cinco veces màs que el precio de compra. O sea, una ganancia de 235 pesos el metro.  Lo que pudiéramos llamar un negocio redondo.
 
Es obvio que el màs superficial análisis de esta operación da una clara notación de que, en el mejor de los casos, contemplada a travès de la óptica màs generosa,  quienes representaron los intereses del CEA en esta venta lo hicieron con total ligereza e irresponsabilidad, sin preocuparse de auscultar previamente las condiciones y precios prevalecientes en el mercado inmobiliario.  Esto asì, quizás por aquello de que el patrimonio pùblico que al ser de todos no es de nadie en particular, termina igualmente por no dolerle a nadie.
 
Pero lamentablemente los indicios conducen por otros caminos menos candorosos para caer de golpe y de plano en el campo probable de la corrupción, el clientelismo político, el favoritismo partidario, la complicidad y el tràfico de influencias.  Y esto asì, con mucha mayor razón, por cuanto esta operación no fue un caso singular, sino una especie de patrón que al parecer se siguiò en otros traspasos de terrenos del CEA realizados a precios similares que bien pueden calificarse, sin temor a exageración,  de “vaca muerta”. 
 
Que la cuantiosa operación realizada por la firma constructora          que se toma como referente fue de todo punto irregular, lo evidencia el hecho de que bajo apremio de la actual dirección ejecutiva del CEA, la misma accedió a desembolsar 800 millones de pesos adicionales.  O sea, que duplicò prácticamente el precio original de compra.
 
¿ Ocurrirà igual en los demàs casos en que se hayan presentado circunstancias similares? Es de esperar que asì suceda, pero y esto es muy importante, sin incurrir en excesos ni arbitrariedades. 
 
Se ha anunciado la firme intención de los actuales mandos del CEA de llevar a la mesa de revisión y renegociación todos y cada uno de los contratos de adquisición de terrenos que eran propiedad de ese consorcio, en todos aquellos casos en que los precios fijados acusen una diferencia significativa con los valores reales del mercado.  Se  especula que por este concepto, el CEA pudiera recaudar miles de millones de pesos adicionales.
 
Obviamente la incorporación a esta gestión del Procurador Fiscal de la Corte de Apelación de Santo Domingo y el DEPRECO a la búsqueda de aspectos presuntamente dolosos en los casos en que puedan haberse producido, le abre un nuevo escenario a lo que tuvo todas las trazas de ser un verdadero festival de traspasos. Un baile en que se asegura participaron algunos funcionarios de la anterior administración, contribuyendo al empobrecimiento de lo que fue un gran emporio estatal desgarrado y depredado a travès de años de continuo deterioro.
 
Es de esperar que todo esto se clarifique sin caer, insistimos, en extremos aberrantes de persecuciòn y sin que el partidarismo contamine lo que debe ser una labor de depuración seria y honesta,  de posibles responsabilidades en casos que pudieran ser considerados y calificados con toda justicia de tan actos de corrupción como cualesquiera otros.

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Miércoles 2 de febrero/ EL TIRO RAPIDO

Ayer saliò rumbo a Madrid una delegación oficial encabezada por el Secretario Técnico de la Presidencia, Temìstocles Montàs. 
 
La misión del grupo viajero es renegociar con la empresa española Unión FENOSA, excopropietario de Edenorte y Edesur y màs conocida en su paìs de origen por el poco recomendable apelativo de “Unión Mafiosa”,  las condiciones originales en que el Estado Dominicano convino la recompra de sus acciones en ambas distribuidoras, convirtiéndolas de nuevo en empresas totalmente estatales.
 
A tenor de dicha contratación, la compañìa ibérica estarà percibiendo cincuenta millones de dólares anuales por espacio de catorce años, hasta completar el precio total de compra  de sus acciones.
 
Estos fondos los recibe Unión FENOSA directamente de una buena cantidad de las cuentas màs importantes de Edenorte y Edesur, es decir de sus mejores clientes, los que consumen mayor cantidad de energía.
 
Esta atadura que deja en cautiverio a favor de Unión FENOSA las principales fuentes de sostenimiento de ambas distribuidoras, contribuye en mayor medida a mantener las finanzas de èstas en una condición crìtica.  El caso es de tal gravedad que el ingeniero Montàs afirma de manera categórica que de no llegarse a un nuevo acuerdo, el negocio eléctrico se hace inviable en la Repùblica Dominicana.
 
Esta situación, tan penosa como  gravosa, es consecuencia directa de la pésima negociación que se llevò a cabo,  durante la pasada administración, para la recompra de las acciones que convertían a Unión FENOSA en codueña de Edenorte y Edesur, a partes iguales con el Estado. 
 
De hecho sin embargo, era el socio extranjero quien manejaba ambas distribuidoras con entera libertad y en su provecho.  Bastarìa recordar en este sentido los voluminosos prèstamos en dólares hechos con su casa matriz a un interés escandaloso, varias veces mayor que el prevaleciente en el mercado internacional.  Y de igual modo, las muchas irregularidades detectadas durante el proceso de revisión contable de Edenorte y Edesur que precedió a la compra de las acciones de Unión FENOSA.
 
Volviendo a la readquisición de la parte española de Edenorte y Edesur, es de recordar que en esa ocasión el licenciado Apolinar Veloz, quien ocupaba la gerencia general del ´Banco Central, condenò acremente la operación de manera pùblica,  afirmando que la situación financiera de ambas distribuidoras  era tan catastrófica que Unión FENOSA debió retirarse del mercado nacional sin percibir un solo centavo.
 
Màs claro: que nos embarcamos en una cuantiosa deuda en dólares por el tèrmino de casi una generación a cambio de un puñado de papeles sin ningún valor.  Otro de los tantos negocios redondos que ha soportado este pobre paìs y que debe pagar nuestro tambièn abusado y sufrido pueblo,  sobre cuyas espaldas cargan todas las desvergüenzas, irresponsabilidades, impudicias  y pillerías que aquì se cometen impunemente.
 
Sin dudas la operación que comentamos fue una transacción en extremo sospechosa, cuyos gestores y autores no han podido explicar a derechas ni a torcidas. Que tiene un penetrante tufo a negocio doloso.  Un contrato lesivo al interés nacional que todavía està pendiente de ser expurgado, puesto al desnudo para detectar todo lo que pueda tener de irregular y de sucio, tomando en cuenta además de que se asegura hubieron de por medio fuertes comisiones.
 
Volviendo a la gestión que ha llevado a España a la misión que encabeza el Secretario Técnico de la Presidencia,  es de desear aunque tambièn de dudar dada la calaña ètica de la contraparte, que se puedan renegociar las condiciones tan onerosas en que se han dejado cautivas las finanzas de Edenorte y Edesur. 
 
Una situación que, por extensión, afecta el ya de por sì deficiente y encarecido servicio de energía eléctrica que recibe el paìs, ahora con mayor apremio en razón de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional conllevarà un reajuste de la abultada tarifa, que no serà precisamente a favor de los usuarios sino todo lo contrario.
 

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Jueves 3 de febrero/ EL TIRO RAPIDO

Ayer, en la sede del Ejecutivo, tuvo lugar el encuentro convocado con fines de conciliar criterios y armonizar posiciones en torno a la crisis del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, paradójicamente desatada por el reciente aumento salarial. 
 
Al elevarse el tope de exclusión establecido por ley, se estima que quedarìan automáticamente fuera del IDSS y de su cobertura de salud y pensión, alrededor de 350 mil de los 604 mil inscriptos con que cuenta al presente, es decir màs del cincuenta porciento.
 
La reunión fue conducida por el Vicepresidente de la Repùblica, doctor Rafael Alburquerque.  Este dispone de una reconocida capacidad como mediador, evidenciada a lo largo de sus nueve años ininterrumpidos al frente de la Secretarìa de Estado de Trabajo sin que durante todo ese tiempo se registrase una sola huelga laboral en el paìs.  Adicionalmente, suma la experiencia de haber jugado un rol protagónico en la elaboración del actual Código Laboral y de la Ley de Seguridad Social.
 
Al final del encuentro se convino en que el doctor Alburquerque redacte una propuesta que servirà como documento de trabajo y discusión para tratar de alcanzar una solución a la problemática creada.  Esto es lo deseable y tambièn lo necesario para salir de un impasse por la ùnica vìa posible que es la del diàlogo y la concertación y no a base de piquetes y movimientos huelgarios a que parecen ser tan proclives las actuales directivas de los gremios mèdicos.
 
Ahora bien, la ocasión es propicia para plantearnos si lo que se busca en estos momentos es evitar que cientos de miles de trabajadores y sus dependientes queden al margen de los servicios del IDSS o que èste incremente sus ingresos. Pero esta ùltima opciòn habrìa que descartarla porque lamentablemente en base a la experiencia acumulada, aumentar los ingresos del IDSS bajo las actuales circunstancias serìa tanto como echarlos al safacòn.
 
Partiendo de esa base, hay  una propuesta que a nuestro juicio pudiera solucionar la crisis sin afectar a ningún sector.  La misma consiste en que todos los trabajadores afiliados al Instituto que hayan visto aumentados sus salarios por encima del tope de exclusión, sigan cotizando a base de este ùltimo.
 
Con esta fòrmula el Seguro Social no verìa mermados sus actuales ingresos.   Los trabajadores en riesgo de exclusión continuarìan afiliados y recibiendo los servicios del Instituto, sin ver además afectado su salario por una retenciòn mayor.  Y el sector empresarial por su parte, ya sobradamente penalizado con las cargas impositivas, las altas tarifas eléctricas y los elevados intereses financieros, no tendrían que asumir un nuevo costo que reducirìa màs aùn sus ya mermados niveles de competitividad.
 
Por otra parte, esta crisis ha servido para poner nuevamente a discusión la situación del Seguro Social.  Un manejo deficiente, irregular y clientelista a lo largo de los años, con muy efímeros perìodos de excepción, no le ha permitido cumplir mìnimamente con las expectativas y objetivos que motivaron su creación.
 
Cuando se promulgò la ley de Seguridad Social, èsta otorgò al IDSS un plazo de cinco años para ajustarse a las disposiciones y cambios establecidos en esa legislación.  Esto asì para al cabo de ese plazo estar en condiciones de competir con eficiencia en el àrea de la salud.  Han pasado casi cuatro y todavía el IDSS no ha enviado la menor señal de cambio, ofreciendo como ùnica perspectiva originar una nueva crisis de sustentación al cumplirse el plazo fatal sin haber dado un solo paso en la dirección debida.
 
Una sobrenòmina que absorbe màs del cincuenta porciento de los ingresos del organismo, una bajìsima productividad en no pocos especialistas, un manejo dispendioso de los recursos, el cobro de jugosas comisiones en los suministros y de peaje para el pago a los suplidores, una absurda política de gigantismo que lo llevò a  adquirir 3 nuevos hospitales en apenas los últimos 3 años, las deudas acumuladas por el Estado en el pago de las cotizaciones de los empleados públicos y la evasión de empresas que no estàn cotizando al Seguro Social ni lo que les corresponde ni las cantidades que retienen a su personal por ese concepto.
 
Tal es a grandes rasgos y dentro de un extenso memorial no excluyente de corruptela y anomalías de todo gènero, el marco y la imagen de un organismo que como el IDSS precisa de urgencia de una profunda cura de saneamiento y eficientizaciòn.
 
La milenaria sabiduría china identifica la palabra “crisis” con un ideograma que se traduce como “oportunidad”.  Y esta crisis del Seguro Social debiera ser entendida y manejada como una ocasión propicia e inaplazable para proceder a ese cambio indispensable en una carrera contra el reloj, cuyas manecillas ya se estàn acercando a la hora decisiva, fatal, inexorable de su resurgimiento o de su desaparición.

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