Lunes 3 de enero/ EL TIRO RAPIDO

Los festejos del presente año, al igual que los de años anteriores en mayor o menor cantidad, cerraron con el mismo y esperado balance trágico de vìctimas.  En total se contabilizaron 71 muertos y 678 heridos.  Pero el nùmero de los primeros pudiera aumentar de una manera apreciable si tomamos en cuenta que posteriormente, en los hospitales, algunos de estos últimos llegan en tan precaria condición que son inútiles los esfuerzos que se hacen por salvarlos.
 
Una buena cantidad de las vìctimas ha sido por causa de armas de fuego y otras por heridas de arma blanca.  Como siempre, los accidentes de trànsito aportaron una buena cuota.  Y pese a todas las advertencias, hubo màs de cuarenta lesionados por fuegos artificiales asì como varios heridos por disparos al aire que hacen muchos desaprensivos con esa absurda y peligrosa forma de recibir el Nuevo Año.  En ambos casos, fueron muchos los menores que resultados lesionados.
 
Las emergencias de los hospitales públicos se vieron desbordadas por la gran cantidad de casos que recibieron.  Es de justicia reconocer en este sentido el tremendo esfuerzo que desplegó un nùmero limitado y abnegado de jóvenes mèdicos, en su mayorìa mujeres, sobre todo en el Hospital Salvador B. Gautier, trabajando con muchas limitaciones de recursos y de espacio físico.
 
La otra cara de la moneda està representada, en primer lugar,  por la gran cantidad de especialistas mèdicos que se fueron de vacaciones y no aparecían ni en los centros espiritistas para atender casos de gravedad.  Esto, sumado a las precariedades asistenciales que antes señalamos, produjo situaciones muy lamentables.
 
Pacientes aquejados de serias dolencias y en estado delicado fueron devueltos a sus hogares sin recibir las debidas atenciones por la ausencia de ilocalizables especialistas.  Los mismos fueron referidos para Enero, cuando los facultativos decidieran reintegrarse a su trabajo.
 
En este sentido, el Listìn Diario trae hoy precisamente el relato dramático de 3 personas cuyos cuerpos fueron rociados con gasolina y convertidos en pira humana en una acciòn deliberada, motivada por celos.  El hecho ocurriò en San Juan y desde allì remitieron las vìctimas, con quemaduras en todo el cuerpo, al hospital Aybar donde funciona la ùnica unidad de quemados con que cuenta el sistema pùblico, la que dispone de  muy poco espacio y menos recursos.  Debido a ello sòlo pudieron acoger a uno de los pacientes, precisamente el menos afectado  y con mayores posibilidades de salvarse.
 
Para las otras dos vìctimas comenzò entonces un largo vìa crucis que durò varias horas,  de hospital en hospital, para al final regresar de nuevo al Aybar ne donde fueron despachadas a su lugar de origen, o sea, San Juan.  De allà, nos llegan   noticias de que  ya falleció una de ellas.
 
Durante ese tiempo, según el vìvido relato del Listìn,  las dos mujeres desnudas, presentando gravísimas quemaduras, pidiendo a gritos asistencia y agua, no recibieron ninguna atención, al menos para aliviar su sufrimiento.
 
Otro caso entre tantos otros,  es el de un paciente urgido de diálisis quien por espacio de quince dìas estuvo igualmente rebotando de un hospital a otro, sin recibir el necesario tratamiento.  El caso recalò en la Emergencia del hospital Salvador B. Gautier, iniciando el nuevo año, donde un grupo de jóvenes mèdicas de guardia le prestò las atenciones que tenìan a su alcance aunque sin poderlo dializar por la carencia de recursos y la ausencia de especialistas en Nefrología.
 
Bien que los especialistas de los hospitales públicos, como seres humanos, quieran tambièn disfrutar de los festejos navideños y compartir la reunión familiar propia de estas fechas.  Pero no es posible que ese deseo se anteponga a la necesidad de salvar vidas y aliviar el sufrimiento de los pacientes, como corresponde a la noble misión de su profesión,   protagonizando una especie de fuga navideña colectiva, que es cuando se producen màs accidentes, dejando tan solo un sobreexcedido servicio de Emergencias.
 
¿ Esta especie de vacaciones colectivas de los mèdicos especialistas en los hospitales públicos, està permitida?
 
¿ Es posible que un paciente que necesite atenciones especializadas, no importa cuàn precario sea su estado de salud, tenga que resignarse a no ser acogido ni atendido en un hospital pùblico porque no aparezca un mèdico de su especialidad?
 
¿ Còmo es posible que la dirección de los hospitales y la misma Secretarìa de Salud permitan esta deserción colectiva, o al menos que no organicen un servicio de suplencias?
 
¿ Acaso en estos dìas el sufrimiento y la muerte se van tambièn de vacaciones?
 
Lamentable que en nuestro paìs donde hay tan excelentes mèdicos en todas las àreas, tanto desde el punto de  vista profesional como por su compromiso de servicios a los pacientes,  aparte de la responsabilidad de las autoridades, este tipo de situaciones no parece preocupar ni le turba el sueño a la actual dirección del Colegio Mèdico Dominicano donde el Juramento Hipocràtico ha sido enviado al rastro del olvido, porque  al decir de su presidente, quien ha impuesto un rècord mundial en huelgas mèdicas,  con ese Juramento, antes sagrado,  ni se paga el teléfono, ni se compra en el Supermercado.
 
Tiene mucha razón.  Tan solo olvidò decir que sin el Juramento tampoco se salvan vidas ni se alivia el sufrimiento de los pacientes.
 
Què pena! Què pena..!

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Martes 4 de enero/ EL TIRO RAPIDO

En dos populosas barriadas de la Capital, Capotillo y Simòn Bolívar, se ha iniciado el año con sendas manifestaciones populares reclamando de las autoridades mano dura contra la delincuencia.
 
Ambos vecindarios han sido por mucho tiempo y de manera crónica, escenarios y vìctimas de la violencia criminal en todas sus modalidades.  Robos, atracos, violaciones, golpizas, secuestros, homicidios, batallas campales entre bandas fuertemente armadas que se disputan los puntos màs atractivos para la distribución de drogas en un listado no excluyente, han estado a la orden del dìa tanto en Capotillo como en Simòn Bolívar.
 
Tan solo en estos dìas navideños que acaban de pasar, en el primero de esos vecindarios se reportaron quince robos.  De estas acciones son responsabilizadas dos bandas que responden a los nombres de “Los Menores” y “Los Morenitos”.
 
Es de significar que el grado de temor y riesgo que supone convivir en esas barriadas es de tal naturaleza, que el Fiscal de Capotillo, quien marchò al frente de la demostración popular protestando contra la camisa de fuerza de la criminalidad en que se hallan atrapados sus vecinos, lo hizo provisto de un chaleco antibalas.
 
Precisamente en dìas recientes, el doctor Virgilio Almànzar, de la Comision de Derechos Humanos, denunciò que en apenas 48 horas se habìan asesinado cuatro personas en Capotillo a consecuencia de las luchas entre bandas ligadas a las drogas.
 
Asì como en Azua se ha convertido en una especie de leyenda dentro del mundo de la delincuencia, el ya famoso y elusivo Vlà Pujols, sindicado como cabecilla del narco local y autor del asesinato del periodistaJuan Andùjar, entre otros crímenes,  en Capotillo ha surgido una rèplica barrial, en una versión igual o superior en peligrosidad.  Se trata de un jefe de bandas identificado por las autoridades únicamente como Vantroi.  A èste se le atribuye la muerte de ocho personas, entre èstas la màs reciente de un sargento de la Fuerza Aèrea Dominicana, de apenas 24 años, nombrado José Villanueva.
 
Tanto “Vlà” en Azua como Vantroi por estos espacios capitaleños, se mueven al parecer con la mayor libertad e impunidad, contando según se afirma y dada sobradas evidencias en otros muchos casos no hay por què dudarlo,  con la complicidad de determinadas autoridades que se encargarìan de arroparlos y mantenerlos en alerta sobre cualquier riesgo que pudieran correr por  parte de sus perseguidores.
 
Lamentablemente Capotillo y Simòn Bolívar no son compartimientos estancos de las actividades delictivas.  Por el contrario, constituyen muestra y reflejo de lo que ha venido ocurriendo y continùa sucediendo ahora mismo, en muchos otros barrios de la Capital, Santiago y otras ciudades del paìs donde se registran a diario todo gènero de crímenes y fechorías, florece el narcotráfico y son las bandas de malhechores las que imponen su ley ante la indiferencia, inoperancia y aùn la misma complicidad en muchos casos, de la propia autoridad uniformada.
 
De ahì, estas expresiones de protesta barriales y comunitarias cada vez màs frecuentes, extendidas y combativas reclamando mano dura contra la delincuencia.
Ellas nos envían una señal clara de la toma creciente de conciencia contra la violencia criminal y de la creciente disposición de la gente a rescatar su derecho a la convivencia pacìfica y segura que le ha sido secuestrado, violado y le es constantemente agredido por los grupos de malhechores.
 
A la espera estàn todavía esos vecindarios y esperando estamos todos por el tan anunciado  plan estratègico especial que llevarìa a cabo la Policía Nacional para tratar de frenar y reducir al mínimo, lascada vez màs peligrosas y extendidas actividades criminales, en gran medida arropadas por desgracia  por parte de quienes  estàn llamados a combatirlas.
 
Esto asì para que se haga realidad en la pràctica y cuanto antes. la reiterada promesa presidencial de que bajo el presente  gobierno habrà “Cero Tolerancia” con la delincuencia.

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Miércoles 5 de enero/ EL TIRO RAPIDO

Sobre el escenario de la actualidad, dentro de un esperado marco polémico, ha quedado ubicada la propuesta de tres senadores, entre èstos el vicepresidente de la Càmara Alta, para que se proceda a  la reforma de la Constitución.   Los promoventes de la idea han solicitado al Presidente Leonel Fernández dar los pasos iniciales en este sentido, fijando inclusive la efemérides del 27 de Febrero, para que el mandatario incluya el anuncio en el tradicional discurso del Ejecutivo ante la Asamblea Nacional.
 
La propuesta que comentamos plantea la unificación de las elecciones asì como la incorporación a la Carta Magna de las que en nuestro medio resultan novedosas figuras como el  plebiscito y el referéndum.  Pero como de contrabando, y èsta es la parte màs vulnerable de la misma, resurge la reiterada y tantas veces rechazada  intentona de prolongar el actual perìodo de congresistas, síndicos y regidores por dos años màs, o en su defecto elegirlos por seis años en la próxima consulta electoral del 2006 de tal modo que en el 2012 puedan renovarse esos mandos conjuntamente con las elecciones presidenciales.
 
Tal como hemos comentado con anterioridad, esta propuesta nos parece inoportuna al tiempo que carente de lógica política. 
 
En primer tèrmino el paìs debe enfrentar este año precisamente, un conjunto de situaciones de gran prioridad.
 
A la necesidad ya crónica de mejorar la educación y la salud pùblica, se suma la de  aliviar en alguna medida la crìtica situación de pobreza que afecta a màs de tres millones de dominicanos.
 
Estabilizar la prima del dólar en un nivel razonable y mantener bajo control  la inflación.
 
Encarar la devolución de los 500 millones de dólares de los primeros bonos soberanos parte de los cuales aùn no se sabe a ciencia cierta en què se invirtieron o gastaron.
 
Asimilar las gravosas exigencias del Fondo Monetario Internacional con el menor daño posible a la ya bastante afectada calidad de vida la gran mayorìa de la población.
 
Enfrentar el reto del Tratado de Libre Comercio, reduciendo al mínimo posible la situación de inferioridad competitiva en que han quedado nuestros sectores productivos frente a los centroamericanos prácticamente liberados de impuestos  y de los sobreprotegidos agricultores norteamericanos.
 
Resolver el cuantioso déficit cuasi fiscal del Banco Central, fruto de erradas políticas económicas y financieras con que se manejò la crisis bancaria.
 
Estimular la inversión privada para acrecer la riqueza, crear empleos y bajar los altos niveles de desocupación laboral que arrastramos.
 
Y naturalmente,  lograr una mejorìa sustancial en el servicio de energía eléctrica, reduciendo los apagones y moderando la elevada tarifa que pagamos por ese vital servicio.
 
Esto sin contar el reto que impone poner freno al auge del narcotráfico y validar en la pràctica la consigna –promesa presidencial—de “Cero Tolerancia” con la delincuencia.
 
Con estos marcos de referencia entre muchos otros que deberemos enfrentar, abocarse ahora a la modificación de  la Carta Sustantiva  sin un previo proceso de consenso sobre los temas que abarcarìa la misma, nos parece que serìa echarle otro pelo a un sancocho que ya està bastante cargado.  Desfocalizar, desviar la atención de la nación los temas màs puntuales y apremiantes.
 
Sobre la unificación de las elecciones pareciera que hay una coincidencia de opinión favorable tanto de litorales políticos como de instituciones de la Sociedad Civil y de los propios legisladores, si no el mismo dìa, sì en el mismo año, con una pequeña diferencia de tiempo para reducir traumas y gastos.
 
Igual ocurre con el plebiscito y el referéndum que otorgarìan una mayor amplitud al ejercicio democrático en cuestiones y situaciones de trascendencia.
 
  Pero esa misma convergencia de criterio se registra para rechazar en cambio, la propuesta de ampliar los perìodos de permanencia en sus cargos de legisladores, síndicos y regidores.
 
Estos fueron escogidos por sus respectivos electores por cuatro años exclusivamente. Y cualquier intento de extenderse dicho perìodo serìa una violación del principio básico de elección por sufragio popular y por un tiempo especìfico. 
 
Resumiendo: creemos que cualquier modificación a la Constitución hay que hacerla a su tiempo, en profundidad, con sentido de nación  y bajo condición de consenso en los temas que abarcarìa la misma y no cortada como traje a la medida, cual ha ocurrido en tantas ocasiones para satisfacer determinadas apetencias o intereses.
 
La opciòn alternativa serìa que los congresistas deleguen su derecho constitucional a reformar la Carta Magna en  favor de una Asamblea Constituyente.  Pero espèrar esto serìa tan ingenuo como pretender que el partido de gobierno, en franca minorìa congresional, sobre todo en el Senado, acepte una extensión del perìodo de los actuales legisladores renunciando a la posibilidad de mejorar su posicionamiento en las Càmaras en las elecciones de medio tèrmino del 2006.
 
El paìs insistimos necesita ahora mismo concentrar sus esfuerzos en resolver problemas puntuales, y no atinamos a descubrir còmo una modificación constitucional  ahora mismo que luce de carácter oportunista,  pudiera contribuir a ello  favorablemente.  Y mucho menos para satisfacer claras apetencias de continuar en sus cargos legisladores, síndicos y regidores, no importa del partido que sean, màs allà del 16 de Agosto del 2006 sin someterse al escrutinio soberano de las urnas.

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Jueves 6 de enero/ EL TIRO RAPIDO

Ayer a prima noche se inaugurò el nuevo edificio que albergarà la Suprema Corte de Justicia.  El costo de la obra fue de 980 millones de pesos.
 
El proyecto de dotar al Alto Tribunal de una sede màs adecuada se iniciò bajo la anterior administración del doctor Leonel Fernández.  Pero para su terminación debió esperarse a que asumiera de nuevo la Presidencia de la Repùblica.
 
Paralizada durante el pasado gobierno, esta dilación representò un sobrecosto de 300 millones de pesos al verse afectada la construcción por el proceso inflacionario desatado por el disparo de la prima del dólar. Es otra demostración de los perjuicios que recibe el Estado debido a la falta de continuidad en muchos casos de las obras pùblicas iniciadas por un gobierno anterior, mal crónico y frecuente en nuestro deficiente modelo político.
 
La solemnidad del acto se viò un tanto disminuida a nuestro juicio, por el prematuro planteamiento reeleccionista que enarbolò en su intervención, un alto funcionario oficial.  No era precisamente el lugar màs apropiado para una declaración de esa naturaleza.  Tampoco el momento,  si tomamos en cuenta que el Presidente Fernández apenas lleva cuatro meses en el ejercicio del poder por màs auspiciosos que hayan sido.
 
Un señalamiento de tal naturaleza en ese escenario y en este instante, no creemos que favorezcan al Presidente Fernández en el plano político.  Esto asì, tanto en lo externo como a lo interno de su partido donde de seguro otras figuras pudieran estar alentando aspiraciones de ser el candidato de relevo para el 2008.
 
Al margen de estas observaciones, el propósito de este Tiro Rápido es destacar los vigorosos y acertados pronunciamientos del Presidente Fernández en su discurso en relación con el narcotráfico, la delincuencia en general y la corrupción tanto pùblica como privada.
 
Creemos que al mandatario le asiste toda la razón cuando vincula el auge de la criminalidad al incremento del narcotráfico y la adiciòn local. 
 
Desde hace mucho tiempo hemos venido alertando sobre la gravedad que comporta el hecho de que nuestro paìs haya sido convertido en corredor o trampolín del tràfico internacional de estupefacientes.  Este no sòlo ha establecido vínculos de complicidad local a diferentes niveles influyentes de nuestra frágil estructura institucional y muy erosionado tejido moral.
 
Ha convertido tambièn al paìs en escenario propicio para el lavado de buena parte de los cuantiosos recursos derivados de esta perversa actividad criminal.  Pero además, porque el pago en drogas del peaje por la participación local,  ha elevado de manera significativa los niveles de adiciòn en nuestro paìs.
 
Hoy la droga està metida en todos los rincones de la Repùblica Dominicana.  Se comercia casi  libremente en muchos barrios de la Capital, Santiago y ciudades del interior.  De hecho,  algunos de ellos han pasado a manos de las bandas de narcos con poder de vida y muerte sobre sus vecindarios.  Verdaderos “territorios apaches” donde la autoridad no se atreve a hacerles frente, o cuya actuación resulta totalmente ineficiente.
 
Como bien señalò el Presidente Fernández en su intervención, muchos adictos carecen de los recursos necesarios para sustentar su vicio y para conseguirlos se enganchan al mundo del delito.  Hay pruebas sobradas, estudios serios, estadísticas concluyentes que apoyan la afirmación presidencial de que el incremento en el consumo de drogas trae asociado un aumento de las actividades criminales.
 
Estimula y motiva a esperanza el hecho de que el Poder Ejecutivo, ya de manera reiterativa y ahora precisamente en un acto de tanta significación para el Poder Judicial, destaque la gravedad del narcotráfico y exprese por nueva vez en forma categórica la firme disposición de su gobierno de hacer frente a esta perversa, vil, peligrosa y degradante actividad criminal.
 
Esto asì porque hasta hace poco, hay que recordarlo con pena, partidos y gobiernos, lìderes políticos y personeros de la llamada Sociedad Civil habìan evadido incorporar este importante yquemante tema a su discurso y a su agenda de prioridades.
 
Ahora,  aunque con retraso, cuando ya tenemos incrustada la droga hasta el tuétano en nuestro paìs, aplicando la conocida máxima de “peor tarde que nunca”, creemos estar aùn a tiempo de enfrentar, prevenir, concienciar y controlar el flagelo del narcotráfico y la adiciòn si actuamos con la necesaria energía e inteligencia.
 
 
Es de esperar que asì lo haga la presente Administración, estableciendo una firme y adecuada política de Estado a partir del compromiso pùblico asumido desde su llegada al poder por el Presidente Leonel Fernández y reiterado ahora de manera tan enfática en un escenario tan propicio como es el estreno de la nueva sede de la Suprema Corte de Justicia.
 

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